VenePirámides
Ante una inflación que prácticamente no cede terreno, el Gobierno se ha provisto de un discurso que culpa a la especulación del alza de los precios y ha aprobado leyes y sanciones para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la estrategia no se ha traducido en un descenso efectivo de la inflación.
Para 2011 las autoridades hablan con optimismo de llegar a una tasa de inflación de 23%, la más alta en Latinoamérica.
Este fin de semana el Presidente Hugo Chávez señaló que las grandes cadenas privadas de distribución de alimentos que se presten para la especulación y el acaparamiento deben ser intervenidas con la participación de sus trabajadores y consejos comunales.
"Y posiblemente expropiadas, con eso incrementaríamos las redes socialistas de distribución que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos", dijo el mandatario.
Pero esta política de cierres, sanciones y expropiaciones no es nueva. Desde 2008 en el país está vigente la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, conocida como la Ley del Indepabis, que fue emitida como arma letal contra la especulación, la usura y el acaparamiento.
En enero de 2010 el texto fue reformado, de manera expresa por la Asamblea Nacional, con el fin de endurecerlo. Así, entre otras cosas, se estableció que son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicio". Se estableció que el Ejecutivo "podrá iniciar la expropiación de los bienes (...) sin que medie para ello la declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional".
Además, el Indepabis tiene más de cuatro años realizando inspecciones y aplicando sanciones. Los actores del sector alimentos han manifestado en reiteradas ocasiones que las amenazas de expropiación no son la vía para controlar la inflación, porque generan el efecto contrario.
No obstante, el Ejecutivo prevé crear una Superintendencia de Costos y Precios, que añadirá más regulaciones y colocará un techo a las ganancias.
El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Anaclet Texeira, desestimó que los afiliados a dicha organización incurran en prácticas de especulación y acaparamiento, y aseguró que "son respetuosos y apegados a las leyes y lineamientos del Gobierno".
Indicó que las cadenas de supermercados trabajan con inventarios casi al día, por lo que no puede existir acaparamiento. El almacenamiento también es casi inexistente.
"Acaparamiento no puede existir porque compramos para mantener las estanterías y casi interdiario, y los almacenes son muy pobres respecto a las exigencias de productos".
Agregó que los afiliados a ANSA son respetuosos del control de precios, y descartó los señalamientos en su contra.
En cuanto a las amenazas de sanciones e, incluso, de expropiaciones de que hizo el Presidente Chávez a Central Madeirense, Texeira señaló que analizan la situación. Insistió en que las empresas del sector trabajan apegadas a la ley.
Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, considera que los señalamientos hechos por el Presidente sobre Central Madeirense no tienen fundamento, y considera que el Gobierno trata de intervenir en las discusiones laborales de las empresas para luego proceder a su expropiación.
En medio de toda esta situación, los trabajadores de Central Madeirense levantaron ayer la protesta laboral que tenía paralizadas las operaciones de la red de supermercados desde el viernes pasado, según reportó el diario El Universal.
Ante una inflación que prácticamente no cede terreno, el Gobierno se ha provisto de un discurso que culpa a la especulación del alza de los precios y ha aprobado leyes y sanciones para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la estrategia no se ha traducido en un descenso efectivo de la inflación.
Para 2011 las autoridades hablan con optimismo de llegar a una tasa de inflación de 23%, la más alta en Latinoamérica.
Este fin de semana el Presidente Hugo Chávez señaló que las grandes cadenas privadas de distribución de alimentos que se presten para la especulación y el acaparamiento deben ser intervenidas con la participación de sus trabajadores y consejos comunales.
"Y posiblemente expropiadas, con eso incrementaríamos las redes socialistas de distribución que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos", dijo el mandatario.
Pero esta política de cierres, sanciones y expropiaciones no es nueva. Desde 2008 en el país está vigente la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, conocida como la Ley del Indepabis, que fue emitida como arma letal contra la especulación, la usura y el acaparamiento.
En enero de 2010 el texto fue reformado, de manera expresa por la Asamblea Nacional, con el fin de endurecerlo. Así, entre otras cosas, se estableció que son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicio". Se estableció que el Ejecutivo "podrá iniciar la expropiación de los bienes (...) sin que medie para ello la declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional".
Además, el Indepabis tiene más de cuatro años realizando inspecciones y aplicando sanciones. Los actores del sector alimentos han manifestado en reiteradas ocasiones que las amenazas de expropiación no son la vía para controlar la inflación, porque generan el efecto contrario.
No obstante, el Ejecutivo prevé crear una Superintendencia de Costos y Precios, que añadirá más regulaciones y colocará un techo a las ganancias.
El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Anaclet Texeira, desestimó que los afiliados a dicha organización incurran en prácticas de especulación y acaparamiento, y aseguró que "son respetuosos y apegados a las leyes y lineamientos del Gobierno".
Indicó que las cadenas de supermercados trabajan con inventarios casi al día, por lo que no puede existir acaparamiento. El almacenamiento también es casi inexistente.
"Acaparamiento no puede existir porque compramos para mantener las estanterías y casi interdiario, y los almacenes son muy pobres respecto a las exigencias de productos".
Agregó que los afiliados a ANSA son respetuosos del control de precios, y descartó los señalamientos en su contra.
En cuanto a las amenazas de sanciones e, incluso, de expropiaciones de que hizo el Presidente Chávez a Central Madeirense, Texeira señaló que analizan la situación. Insistió en que las empresas del sector trabajan apegadas a la ley.
Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, considera que los señalamientos hechos por el Presidente sobre Central Madeirense no tienen fundamento, y considera que el Gobierno trata de intervenir en las discusiones laborales de las empresas para luego proceder a su expropiación.
En medio de toda esta situación, los trabajadores de Central Madeirense levantaron ayer la protesta laboral que tenía paralizadas las operaciones de la red de supermercados desde el viernes pasado, según reportó el diario El Universal.
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