VenePirámides
En los últimos cuatro años el Gobierno nacional ha creado diversos instrumentos para "meter en cintura" a los empresarios privados, con la excusa de reducir la inflación, minimizar la especulación y garantizar la oferta de bienes y servios esenciales para la población.
En julio de 2011 el Gobierno blindó el cerco de regulaciones sobre el sector privado con la publicación de la Ley de Costos y Precios Justos en Gaceta Oficial, con la cual tiene acceso a toda la información no sólo de los bienes y servicios que así lo considere sino también de las empresas que los procesan, importan, distribuyen o comercializan.
La Ley entró en vigencia el 22 de noviembre de este año, y fue accionada con el congelamiento de los precios en 19 categorías entre bebidas no alcohólicas, alimentos y productos de cuidado personal, cuyas estructuras de costos y precios máximos de venta al público están siendo analizados actualmente y se darán a conocer el próximo 15 de enero de 2012.
A través de esta Ley de Costos y Precios Justos el Gobierno de Hugo Chávez se reserva el derecho a controlar precios y permitir o no el ajuste de los mismos cuando así lo considere, tal como viene haciéndolo desde hace ocho años con el control de precios en el sector de alimentos.
El Ejecutivo ha reconocido que se trata de una regulación extendida, a través de la cual se garantizarán "precios justos" a la población, bajo criterios que sólo los funcionarios involucrados conocen.
Pero éste es uno más de los mecanismos que el Ejecutivo ha creado con la intención de contener los precios, especialmente en el área de alimentos, sin mayor éxito.
En 2008, cuando estaba por expirar la Ley Habilitante, el Presidente Hugo Chávez promulgó dos leyes con el mismo espíritu orientadas a combatir la inflación, la especulación y el acaparamiento: la de Defensa a las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley de Seguridad y Soberanía Agroaliementaria.
La primera sustituyó a la otrora Ley de Protección al Consumidor, y tipifica los conceptos de especulación, acaparamiento y boicot como delitos, además de las sanciones administrativas.
La segunda obliga a las empresas a producir, distribuir y comercializar bienes de primera necesidad, de lo contrario podrían ser objeto de ocupación o incluso confiscación o expropiación.
Estos recursos parecieran ser, además de insuficientes, ineficientes pues la inflación continua indetenible y la oferta de productos es escasa. De allí que el Gobierno creara la Ley de Costos y Precios justos para blindar su cerco regulatorio al sector privado y tratar de lograr ese objetivo que por ahora parece inalcanzable.
Tampoco se puede obviar la cantidad de planes de lucha contra la especulación, que año tras año aplica el Gobierno sin que los resultados se noten en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Del mismo modo vale recordar que desde hace ocho años el Gobierno nacional mantiene un control de precios sobre unos 18 productos de la cesta básica de alimentos, un número importante de medicamentos así como un grupo de insumos y materiales para la construcción.
La ineficiencia del control de precios también ha quedado en evidencia. En lo que va de año el aumento de los precios de los productos controlados es de 28%, mientras que los que no están sometidos a la regulación subieron 23,6%.
Esto es justamente lo que crea escepticismo sobre la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, a través de la cual se prevé controlar un amplio espectro de rubros prioritarios que, en principio, se hará en cinco sectores estratégicos: alimentos, cuidado personal, salud, medicina y construcción, según reportó el diario El Universal.
En los últimos cuatro años el Gobierno nacional ha creado diversos instrumentos para "meter en cintura" a los empresarios privados, con la excusa de reducir la inflación, minimizar la especulación y garantizar la oferta de bienes y servios esenciales para la población.
En julio de 2011 el Gobierno blindó el cerco de regulaciones sobre el sector privado con la publicación de la Ley de Costos y Precios Justos en Gaceta Oficial, con la cual tiene acceso a toda la información no sólo de los bienes y servicios que así lo considere sino también de las empresas que los procesan, importan, distribuyen o comercializan.
La Ley entró en vigencia el 22 de noviembre de este año, y fue accionada con el congelamiento de los precios en 19 categorías entre bebidas no alcohólicas, alimentos y productos de cuidado personal, cuyas estructuras de costos y precios máximos de venta al público están siendo analizados actualmente y se darán a conocer el próximo 15 de enero de 2012.
A través de esta Ley de Costos y Precios Justos el Gobierno de Hugo Chávez se reserva el derecho a controlar precios y permitir o no el ajuste de los mismos cuando así lo considere, tal como viene haciéndolo desde hace ocho años con el control de precios en el sector de alimentos.
El Ejecutivo ha reconocido que se trata de una regulación extendida, a través de la cual se garantizarán "precios justos" a la población, bajo criterios que sólo los funcionarios involucrados conocen.
Pero éste es uno más de los mecanismos que el Ejecutivo ha creado con la intención de contener los precios, especialmente en el área de alimentos, sin mayor éxito.
En 2008, cuando estaba por expirar la Ley Habilitante, el Presidente Hugo Chávez promulgó dos leyes con el mismo espíritu orientadas a combatir la inflación, la especulación y el acaparamiento: la de Defensa a las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley de Seguridad y Soberanía Agroaliementaria.
La primera sustituyó a la otrora Ley de Protección al Consumidor, y tipifica los conceptos de especulación, acaparamiento y boicot como delitos, además de las sanciones administrativas.
La segunda obliga a las empresas a producir, distribuir y comercializar bienes de primera necesidad, de lo contrario podrían ser objeto de ocupación o incluso confiscación o expropiación.
Estos recursos parecieran ser, además de insuficientes, ineficientes pues la inflación continua indetenible y la oferta de productos es escasa. De allí que el Gobierno creara la Ley de Costos y Precios justos para blindar su cerco regulatorio al sector privado y tratar de lograr ese objetivo que por ahora parece inalcanzable.
Tampoco se puede obviar la cantidad de planes de lucha contra la especulación, que año tras año aplica el Gobierno sin que los resultados se noten en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Del mismo modo vale recordar que desde hace ocho años el Gobierno nacional mantiene un control de precios sobre unos 18 productos de la cesta básica de alimentos, un número importante de medicamentos así como un grupo de insumos y materiales para la construcción.
La ineficiencia del control de precios también ha quedado en evidencia. En lo que va de año el aumento de los precios de los productos controlados es de 28%, mientras que los que no están sometidos a la regulación subieron 23,6%.
Esto es justamente lo que crea escepticismo sobre la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, a través de la cual se prevé controlar un amplio espectro de rubros prioritarios que, en principio, se hará en cinco sectores estratégicos: alimentos, cuidado personal, salud, medicina y construcción, según reportó el diario El Universal.
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