VenePirámides
Las medidas del Gobierno contra las actividades de construcción e inmobiliaria que arreciaron desde julio de 2009, cuando se prohibió el cobro de ajustes por inflación en contratos de preventa agravarán el déficit de viviendas que existe en el país, advirtieron empresarios.
"Hay una serie de resoluciones, providencias, leyes y decretos que, lejos de estimular a constructores y promotores inmobiliarios, los han desalentado. Eso empeorará la crisis", dijo Felipe Martínez Cova, presidente de la Cámara de Bienes Raíces.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, afirmó que el proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria que se discute en la Asamblea Nacional forma parte de un conjunto de normas que coartan al sector y dificultan la reducción del déficit de vivienda.
Las consecuencias de lo que puede definirse como un cerco legal son caídas en los metros cuadrados de construcción autorizados por las alcaldías, en las viviendas edificadas por la empresa privada y en la oferta de inmuebles para alquilar.
Los permisos de construcción aprobados han retrocedido más de 70% desde 2009, según cifras oficiales. Ese año alcanzó casi 2 millones de metros cuadrados, en 2010 bajó hasta 800.000 metros cuadrados y en 2011 estará alrededor de 400.000 metros cuadrados.
Las unidades residenciales construidas por la empresa privada sumarán poco más de 40.000 este año, de acuerdo con números de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo que representará una disminución de 40% con respecto a las 68.000 edificadas en 2009.
La oferta de inmuebles para alquilar ha caído 77% en lo que va de 2011, según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana.
Francisco Grullón, presidente del gremio, dijo que en apartamentos y casas el descenso es más alto, mientras que en otras categorías es menos pronunciado.
Altos y bajos. Martínez Cova indicó que las acciones contra el sector comenzaron en 2003, cuando se decretó la congelación de alquileres aún vigente. "Eso ha traído como consecuencia el deterioro de los inmuebles arrendados y de la calidad de vida de los inquilinos".
Luego vinieron las expropiaciones de edificios para alquiler decretadas por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, que además de crear inseguridad jurídica atentaron contra el patrimonio de los dueños, porque la mayoría no ha recibido el pago.
Martini dijo que el Gobierno ha tenido altos y bajos en la materia. En 2005, por ejemplo, generó una serie de políticas que estimularon al sector y que permitieron incrementar la construcción de viviendas de 13.000 en 2004 a 98.000 en 2009.
Advirtió, sin embargo, que en los últimos años ha tomado medidas que hacen inviable la construcción y el alquiler, empezando por la prohibición del cobro de ajustes por inflación.
"El desarrollo de un urbanismo puede tardar cinco años. No se puede tener un precio congelado durante ese tiempo".
Los problemas generados por el cobro de ajustes por inflación y los retrasos en las obras por la falta de materiales consecuencia de la estatización de la industria cementera y siderúrgica en 2008 sirvieron de justificación para la intervención de urbanismos a finales de 2010.
"En algunos casos se actuó en defensa de los compradores, pero en otros se procedió de manera injusta. El problema es que la política de criminalizar a todos perjudicó a empresas activas y espantó a inversionistas potenciales", aseguró Martínez Cova.
En el caso del alquiler, las normas aprobadas este año se han caracterizado por proteger al inquilino per sé en perjuicio de los propietarios. Martínez Cova recordó que es necesario que las leyes equilibren los derechos y obligaciones de ambas partes, según reportó el diario El Nacional.
Las medidas del Gobierno contra las actividades de construcción e inmobiliaria que arreciaron desde julio de 2009, cuando se prohibió el cobro de ajustes por inflación en contratos de preventa agravarán el déficit de viviendas que existe en el país, advirtieron empresarios.
"Hay una serie de resoluciones, providencias, leyes y decretos que, lejos de estimular a constructores y promotores inmobiliarios, los han desalentado. Eso empeorará la crisis", dijo Felipe Martínez Cova, presidente de la Cámara de Bienes Raíces.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, afirmó que el proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria que se discute en la Asamblea Nacional forma parte de un conjunto de normas que coartan al sector y dificultan la reducción del déficit de vivienda.
Las consecuencias de lo que puede definirse como un cerco legal son caídas en los metros cuadrados de construcción autorizados por las alcaldías, en las viviendas edificadas por la empresa privada y en la oferta de inmuebles para alquilar.
Los permisos de construcción aprobados han retrocedido más de 70% desde 2009, según cifras oficiales. Ese año alcanzó casi 2 millones de metros cuadrados, en 2010 bajó hasta 800.000 metros cuadrados y en 2011 estará alrededor de 400.000 metros cuadrados.
Las unidades residenciales construidas por la empresa privada sumarán poco más de 40.000 este año, de acuerdo con números de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo que representará una disminución de 40% con respecto a las 68.000 edificadas en 2009.
La oferta de inmuebles para alquilar ha caído 77% en lo que va de 2011, según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana.
Francisco Grullón, presidente del gremio, dijo que en apartamentos y casas el descenso es más alto, mientras que en otras categorías es menos pronunciado.
Altos y bajos. Martínez Cova indicó que las acciones contra el sector comenzaron en 2003, cuando se decretó la congelación de alquileres aún vigente. "Eso ha traído como consecuencia el deterioro de los inmuebles arrendados y de la calidad de vida de los inquilinos".
Luego vinieron las expropiaciones de edificios para alquiler decretadas por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, que además de crear inseguridad jurídica atentaron contra el patrimonio de los dueños, porque la mayoría no ha recibido el pago.
Martini dijo que el Gobierno ha tenido altos y bajos en la materia. En 2005, por ejemplo, generó una serie de políticas que estimularon al sector y que permitieron incrementar la construcción de viviendas de 13.000 en 2004 a 98.000 en 2009.
Advirtió, sin embargo, que en los últimos años ha tomado medidas que hacen inviable la construcción y el alquiler, empezando por la prohibición del cobro de ajustes por inflación.
"El desarrollo de un urbanismo puede tardar cinco años. No se puede tener un precio congelado durante ese tiempo".
Los problemas generados por el cobro de ajustes por inflación y los retrasos en las obras por la falta de materiales consecuencia de la estatización de la industria cementera y siderúrgica en 2008 sirvieron de justificación para la intervención de urbanismos a finales de 2010.
"En algunos casos se actuó en defensa de los compradores, pero en otros se procedió de manera injusta. El problema es que la política de criminalizar a todos perjudicó a empresas activas y espantó a inversionistas potenciales", aseguró Martínez Cova.
En el caso del alquiler, las normas aprobadas este año se han caracterizado por proteger al inquilino per sé en perjuicio de los propietarios. Martínez Cova recordó que es necesario que las leyes equilibren los derechos y obligaciones de ambas partes, según reportó el diario El Nacional.
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