miércoles, 14 de diciembre de 2011

En la Venezuela de Chávez, las empresas sólo sobreviven asociándose con el Estado

VenePirámides
La creación de empresas mixtas entre el Estado y compañías privadas extranjeras del área farmacéutica, construcción y alimentos ­como fue acordado en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la semana pasada- implica un modelo de convivencia que aminora la posibilidad de expropiación, al tiempo que muestra el avance del Gobierno en el área económica y la merma del empresariado venezolano, afirman expertos.

"Con ese esquema el Gobierno le dice al resto del mundo que la única manera de tener negocio es aplicar la economía mixta y asociarse con el Estado", señala Carlos Romero, internacionalista. "Eso forma parte del cerco general a la economía porque se establece una competencia desleal entre el comercio exterior y el interno". Afectará directamente a los importadores tradicionales, agrega.

Juan Carlos Vargas, especialista en arbitraje, indica que para las empresas extranjeras en el país, la principal preocupación es la expropiación.

También lo es la eventual violación del contrato o de las cláusulas del acuerdo bilateral de protección de inversiones que ampara a la nación originaria de la firma foránea. "Por eso, a los clientes foráneos se les advierte incluir la cláusula del arbitraje en el contrato".

En el encuentro de la Celac, el Gobierno firmó varios convenios para formar empresas mixtas con Colombia. La parte estatal estará representada por Corpivensa, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela Sociedad Anónima, una empresa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. También suscribió con la mexicana Gruma, la mayor fabricante mundial de harina de maíz, para crear dos compañías mixtas.

Las contrapartes privadas colombianas serán: Mabe (electrodomésticos); Fondo Global de Construcción S.A.S. y Forsa (vivienda); Vitrofarma S.A.

y Vitalis S.A.C.I. (medicamentos). En el caso de Gruma, el acuerdo sirvió para detener la expropiación anunciada de su filial en el país, Monaca, cuyo 24% estaba en manos del empresario Ricardo Fernández Berruecos, que está preso y acusado de delitos bancarios.

Más barato quedarse. Un ex funcionario de la Cancillería señaló que los países se avienen al mecanismo por varias razones. Una es para evitar la expropiación, que es el peor escenario posible para un empresario vista la gran cantidad de demandas que están en el Ciadi desde hace varios años, sin solución a corto plazo. El Estado se ha tardado mucho en pagar y pocas empresas tienen en músculo financiero para sobrellevar una demanda.

Otro motivo es permanecer en el país porque el mercado sigue siendo muy lucrativo. A pesar de las condiciones impuestas, es más barato que cerrar la empresa. "Considerando, sobre todo, que el mapa político puede cambiar con las elecciones de 2012", apunta.

Sin embargo, Vargas hace una advertencia. "La modalidad de empresa mixta no impide que se expropie o nacionalicen por causas de utilidad pública o social las obras o productos de las alianzas". En su opinión, el modelo se adopta porque lo principal para el extranjero "es beneficiarse de la asociación estratégica" con el Estado, más que colocarse a salvo de una expropiación.

Afirma que en la actualidad, en la constitución de empresas mixtas con otras naciones, siempre se incluye una cláusula arbitral en el contrato entre el Estado y la compañía externa, sea estatal o privada, porque el temor a la expropiación siempre está presente.

Añade que el Gobierno continúa observando el arbitraje internacional porque todavía no ha renunciado a ellos, como sí lo han hecho Ecuador y Bolivia. "La diferencia es que ahora los términos han cambiado: las cláusulas que se negocian prevén que los casos se remitan a sedes de países amigos, como Brasil o Argentina; y se aplican las reglas de la Cámara de Comercio Internacional", según reportó el diario El Nacional.

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