viernes, 16 de diciembre de 2011

El sector privado no podrá construir más viviendas

VenePirámides
La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, sancionada el jueves por la Asamblea Nacional, acaba con cualquier posibilidad de que el sector privado invierta en proyectos residenciales, advirtió Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción.

"Esta legislación imposibilitará la edificación y la promoción de viviendas por parte del sector privado. Parece que el Gobierno no quiere que los particulares participen en esta actividad", agregó Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

La ley exige a los constructores conseguir una fianza bancaria para garantizar la entrega de las viviendas y excluye la utilidad de la empresa de los parámetros permitidos para calcular el precio del inmueble, que deberá fijarse al comienzo de la obra y no podrá ser modificado.

Los voceros gremiales recordaron que esta ley se suma a una serie de medidas que el Gobierno ha aplicado contra el sector desde 2009: prohibición de ajustar precios por inflación, intervención de urbanismos en construcción y obligación de alquilar parte de lo edificado, entre otras.

"Junto con las disposiciones anteriores, la ley le pone un candado a la actividad privada, que gradualmente ha retrocedido en los últimos años y que ahora irremediablemente será casi nula", dijo Jiménez. "Es la guinda", añadió Martini.

Jiménez considera que es ilógico e inconveniente para el país que se excluya de la construcción de viviendas al sector privado ­que aportó casi la mitad de las unidades terminadas hasta septiembre, según el informe del Banco Central de Venezuela­ y se deje toda la carga a las instituciones públicas.

"Si el Gobierno desea eso, entonces está cerca de conseguirlo. Pero si quiere unir esfuerzos para construir 300.000 viviendas al año, entonces debe actuar en consecuencia y replantear el marco legal", expresó.

Propuso crear un equipo técnico de alto nivel que revise la situación actual del sector y produzca instrumentos legislativos y políticas que permitan levantar viviendas de calidad a precios justos, según reportó el diario El Nacional.

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