El Plan Socialista 2007-2013 establece que el Gobierno asumirá el control de todos los sectores de la economía. En los últimos 4 años, el proceso de expropiación por vía de hecho, sin cumplir los requisitos de ley, se ha multiplicado. En ninguno de los casos ha mediado el justiprecio previo a la expropiación, y mucho menos una justa compensación. En otras palabras, el gobierno ha robado la propiedad legítimamente adquirida a los particulares.
Conindustria lleva un registro de 174 compañías afectadas en 2010, la mayoría cerca de 129, ligada a las actividades primarias del sector petrolero, mercado interno de combustible y gas doméstico, entre otros. Los sectores que suman más casos son el agroindustrial con 15 empresas y el de alimentos con 7, según reportó el diario El Nacional (por suscripción).
La lista comenzó este año con los supermercados Cada y Éxito, seguida de Monaca, las empresas del ex banquero Ricardo Fernández Barrueco procesadoras de maíz, arroz, atún y transporte, centrales azucareros y Friosa.
También fueron tomados 14 comercios entre los que figuran galpones del mercado de Quinta Crespo y tiendas situadas en el centro de Caracas.
El presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, denuncia que el capital venezolano es más vulnerable que el extranjero porque no cuenta con garantías legales para exigir el pago justo de la propiedad.
"El Gobierno indemniza las empresas que tienen una embajada adonde acudir para exigir sus derechos, mientras que los venezolanos no tienen quien los defienda", señala.
En los últimos 4 años el número de empresas expropiadas, sin incluir fincas agropecuarias, pasó de 17 en 2007 a 174 en los 8 meses de 2010, un incremento de 923,5% de casos en contra de la propiedad privada de industrias y comercios.
"Pese a que en los artículos 112 y 115 de la Constitución se garantizan los derechos económicos, hay una toma progresiva de las empresas sin importar el tamaño. Muchas expropiaciones se han convertido en confiscaciones de hecho porque no se cumple la ley y no hay una sentencia firme de un tribunal para ejecutarlas, ni se establece el pago justo del bien afectado", agrega.
Recursos a la deriva. El economista Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, afirma que el Gobierno está gastando 11 puntos del producto interno bruto en las estatizaciones, en lugar de invertir en hospitales, escuelas y mejorar la infraestructura.
"30 millardos de dólares han costado las nacionalizaciones de empresas, sin incluir las fincas agrícolas. Hasta ahora se calcula que han pagado entre 14 millardos y 15 millardos de dólares, principalmente a transnacionales que han logrado acuerdos con el Gobierno", destaca.
Señala que en el primer ciclo de expropiaciones entre 2007 y 2008, cuando se tomaron las empresas de electricidad y telecomunicaciones, el pago se concretó en poco tiempo en comparación con otros procesos que se han tardado años y están en los tribunales internacionales, como las petroleras.
"El Gobierno cancela principalmente a las empresas extranjeras. Las nacionales son pocas las que han recibido las indemnizaciones; las que corrieron con suerte fueron industrias Diana y las fincas que se negociaron con el llamado método Chaz, pero el resto, como los contratistas petroleros del Zulia, aún espera el pago, igual que los dueños de las briqueteras en oriente y los terrenos de la zona industrial de Barquisimeto".
Conindustria lleva un registro de 174 compañías afectadas en 2010, la mayoría cerca de 129, ligada a las actividades primarias del sector petrolero, mercado interno de combustible y gas doméstico, entre otros. Los sectores que suman más casos son el agroindustrial con 15 empresas y el de alimentos con 7, según reportó el diario El Nacional (por suscripción).
La lista comenzó este año con los supermercados Cada y Éxito, seguida de Monaca, las empresas del ex banquero Ricardo Fernández Barrueco procesadoras de maíz, arroz, atún y transporte, centrales azucareros y Friosa.
También fueron tomados 14 comercios entre los que figuran galpones del mercado de Quinta Crespo y tiendas situadas en el centro de Caracas.
El presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, denuncia que el capital venezolano es más vulnerable que el extranjero porque no cuenta con garantías legales para exigir el pago justo de la propiedad.
"El Gobierno indemniza las empresas que tienen una embajada adonde acudir para exigir sus derechos, mientras que los venezolanos no tienen quien los defienda", señala.
En los últimos 4 años el número de empresas expropiadas, sin incluir fincas agropecuarias, pasó de 17 en 2007 a 174 en los 8 meses de 2010, un incremento de 923,5% de casos en contra de la propiedad privada de industrias y comercios.
"Pese a que en los artículos 112 y 115 de la Constitución se garantizan los derechos económicos, hay una toma progresiva de las empresas sin importar el tamaño. Muchas expropiaciones se han convertido en confiscaciones de hecho porque no se cumple la ley y no hay una sentencia firme de un tribunal para ejecutarlas, ni se establece el pago justo del bien afectado", agrega.
Recursos a la deriva. El economista Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, afirma que el Gobierno está gastando 11 puntos del producto interno bruto en las estatizaciones, en lugar de invertir en hospitales, escuelas y mejorar la infraestructura.
"30 millardos de dólares han costado las nacionalizaciones de empresas, sin incluir las fincas agrícolas. Hasta ahora se calcula que han pagado entre 14 millardos y 15 millardos de dólares, principalmente a transnacionales que han logrado acuerdos con el Gobierno", destaca.
Señala que en el primer ciclo de expropiaciones entre 2007 y 2008, cuando se tomaron las empresas de electricidad y telecomunicaciones, el pago se concretó en poco tiempo en comparación con otros procesos que se han tardado años y están en los tribunales internacionales, como las petroleras.
"El Gobierno cancela principalmente a las empresas extranjeras. Las nacionales son pocas las que han recibido las indemnizaciones; las que corrieron con suerte fueron industrias Diana y las fincas que se negociaron con el llamado método Chaz, pero el resto, como los contratistas petroleros del Zulia, aún espera el pago, igual que los dueños de las briqueteras en oriente y los terrenos de la zona industrial de Barquisimeto".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario