VenePirámides
Dispuesto a incrementar el peso del Estado en la economía Hugo Chávez ha llevado adelante un agitado plan de adquisición y expropiación de empresas en un amplio abanico de sectores. ¿Cuál es el costo y los resultados de esta política?
Los economistas Richard Obuchi, Anabella Abadi y Bárbara Lira comienzan a responder estas interrogantes en Gestión en rojo, libro editado por el IESA donde se analiza el desempeño de 16 empresas que han pasado a manos del Estado, las señales que emite la macroeconomía y un inventario de los costos, ya cancelados o asumidos públicamente, durante la primera fase de la expansión.
Al analizar lo pagado o acordado por el Estado para adquirir grandes empresas en el período 2007-2009 los autores determinan que la suma asciende a 23 mil 267 millones de dólares, una magnitud que supera lo destinado por Pdvsa en este lapso a la inversión en exploración y producción de petróleo y equivale a 82% de las reservas internacionales al cierre de esta semana.
Este monto incluye, entre otros casos, a Cantv, La Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela, Sidor, Seneca, Cemex, Lafarge, Café Madrid y Lácteos Los Andes.
Pero la investigación sobre el desempeño del Estado se aborda a través del análisis de 16 pequeñas y medianas empresas, adquiridas o creadas por la administración de Hugo Chávez, como Inveval, Azucarera Sucre, Planta Procesadora de Arroz Cristal, Fama de América, La Caicareña y Venirauto.
El elemento común en las 16 empresas estudiadas es que no han logrado alcanzar sus metas de producción y dependen del dinero que inyecta el Estado.
Bárbara Lira profundiza en este aspecto y señala que "en estas empresas se ha creado lo que técnicamente denominamos restricción presupuestaria débil, es decir, a sabiendas de que tienes por detrás al Estado que va a subsidiar cualquier gasto que no puedas cubrir con tus ingresos, tienes menos incentivos para ser más eficiente, reducir costos, colocar un precio que te permita ser sustentable y contratar la cantidad adecuada de personal".
Paradójicamente la política de controles que aplica el Gobierno impacta el resultado de sus propias empresas.
"Las empresas del Estado se enfrentan a las mismas dificultades del sector privado. Tienen problemas de acceso a las materias primas, tienen que lidiar con el control de cambio para importar, dificultades para saldar sus deudas porque los controles de precios no permiten generar suficientes ingresos", dice Bárbara Lira.
La transparencia en la gestión del Gobierno es muy deficiente, algo que complicó la investigación. "Recurrimos a reportes elaborador por la Contraloría, visitas a las empresas para obtener información de los trabajadores, artículos de prensa, pero hay que señalar que la información es desigual en cada caso".
Al analizar los argumentos que ha empleado el Gobierno para apoderarse de las empresas surge que las razones han evolucionado de acuerdo a las circunstancias.
El aumento del desempleo por la paralización de compañías luego del paro de 2002-2003 condujo a la expropiación de empresas por la necesidad de preservar la estabilidad laboral, luego la escasez de productos alimenticios a finales de 2006 alentó otra oleada y el desarrollo endógeno también ha servido para justificar la política de expansión estatal.
Las cifras macroeconómicas señalan que en términos generales el mayor peso del Estado no ha derivado en diversificación de las exportaciones y menor dependencia en las importaciones como mecanismo para suplir la demanda.
La investigación precisa que "entre 2003-2008 la tasa de crecimiento del PIB no petrolero fue menor que la demanda interna bruta. Esto refleja una incapacidad de la red productiva nacional para satisfacer las necesidades de la creciente población, lo que ha hecho recurrir a las importaciones".
Otra evidencia a tomar en cuenta es que "al discriminar las importaciones no petroleras, si bien la mayoría es tramitada por el sector privado, desde 2004 el sector público ha venido aumentando su participación. Mientras que en 2004 las importaciones del sector público representaron sólo el 17,25% del total, para 2009 representaban 28,46%".
El objetivo de alcanzar la "seguridad alimentaria" luce aun muy lejos después de la constante expropiación de fincas en los estados donde se concentra la producción agrícola.
"Aunque las importaciones de alimentos no constituyen el rubro de mayor ponderación en las importaciones totales, es particularmente relevante que aproximadamente el 70% del consumo de alimentos del país provenga de importaciones", indica la investigación y menciona rubros como cereales, leche, carne y frutas, según reportó el diario El Universal.
Dispuesto a incrementar el peso del Estado en la economía Hugo Chávez ha llevado adelante un agitado plan de adquisición y expropiación de empresas en un amplio abanico de sectores. ¿Cuál es el costo y los resultados de esta política?
Los economistas Richard Obuchi, Anabella Abadi y Bárbara Lira comienzan a responder estas interrogantes en Gestión en rojo, libro editado por el IESA donde se analiza el desempeño de 16 empresas que han pasado a manos del Estado, las señales que emite la macroeconomía y un inventario de los costos, ya cancelados o asumidos públicamente, durante la primera fase de la expansión.
Al analizar lo pagado o acordado por el Estado para adquirir grandes empresas en el período 2007-2009 los autores determinan que la suma asciende a 23 mil 267 millones de dólares, una magnitud que supera lo destinado por Pdvsa en este lapso a la inversión en exploración y producción de petróleo y equivale a 82% de las reservas internacionales al cierre de esta semana.
Este monto incluye, entre otros casos, a Cantv, La Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela, Sidor, Seneca, Cemex, Lafarge, Café Madrid y Lácteos Los Andes.
Pero la investigación sobre el desempeño del Estado se aborda a través del análisis de 16 pequeñas y medianas empresas, adquiridas o creadas por la administración de Hugo Chávez, como Inveval, Azucarera Sucre, Planta Procesadora de Arroz Cristal, Fama de América, La Caicareña y Venirauto.
El elemento común en las 16 empresas estudiadas es que no han logrado alcanzar sus metas de producción y dependen del dinero que inyecta el Estado.
Bárbara Lira profundiza en este aspecto y señala que "en estas empresas se ha creado lo que técnicamente denominamos restricción presupuestaria débil, es decir, a sabiendas de que tienes por detrás al Estado que va a subsidiar cualquier gasto que no puedas cubrir con tus ingresos, tienes menos incentivos para ser más eficiente, reducir costos, colocar un precio que te permita ser sustentable y contratar la cantidad adecuada de personal".
Paradójicamente la política de controles que aplica el Gobierno impacta el resultado de sus propias empresas.
"Las empresas del Estado se enfrentan a las mismas dificultades del sector privado. Tienen problemas de acceso a las materias primas, tienen que lidiar con el control de cambio para importar, dificultades para saldar sus deudas porque los controles de precios no permiten generar suficientes ingresos", dice Bárbara Lira.
La transparencia en la gestión del Gobierno es muy deficiente, algo que complicó la investigación. "Recurrimos a reportes elaborador por la Contraloría, visitas a las empresas para obtener información de los trabajadores, artículos de prensa, pero hay que señalar que la información es desigual en cada caso".
Al analizar los argumentos que ha empleado el Gobierno para apoderarse de las empresas surge que las razones han evolucionado de acuerdo a las circunstancias.
El aumento del desempleo por la paralización de compañías luego del paro de 2002-2003 condujo a la expropiación de empresas por la necesidad de preservar la estabilidad laboral, luego la escasez de productos alimenticios a finales de 2006 alentó otra oleada y el desarrollo endógeno también ha servido para justificar la política de expansión estatal.
Las cifras macroeconómicas señalan que en términos generales el mayor peso del Estado no ha derivado en diversificación de las exportaciones y menor dependencia en las importaciones como mecanismo para suplir la demanda.
La investigación precisa que "entre 2003-2008 la tasa de crecimiento del PIB no petrolero fue menor que la demanda interna bruta. Esto refleja una incapacidad de la red productiva nacional para satisfacer las necesidades de la creciente población, lo que ha hecho recurrir a las importaciones".
Otra evidencia a tomar en cuenta es que "al discriminar las importaciones no petroleras, si bien la mayoría es tramitada por el sector privado, desde 2004 el sector público ha venido aumentando su participación. Mientras que en 2004 las importaciones del sector público representaron sólo el 17,25% del total, para 2009 representaban 28,46%".
El objetivo de alcanzar la "seguridad alimentaria" luce aun muy lejos después de la constante expropiación de fincas en los estados donde se concentra la producción agrícola.
"Aunque las importaciones de alimentos no constituyen el rubro de mayor ponderación en las importaciones totales, es particularmente relevante que aproximadamente el 70% del consumo de alimentos del país provenga de importaciones", indica la investigación y menciona rubros como cereales, leche, carne y frutas, según reportó el diario El Universal.
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