VenePirámides
Dirimir en tribunales internacionales las decisiones gubernamentales en materia petrolera y gasífera no es del agrado del Gobierno nacional. Por ello, en el seno del poder Ejecutivo se estudia la posibilidad de que se prohiban pactos de arbitraje para los contratos relativos a las actividades petroleras o gasíferas.
Un borrador del proyecto de Ley Orgánica para la Protección del Sector Nacional de Hidrocarburos, que se espera se discuta este año en la Asamblea Nacional, establece que "en los contratos que celebren las empresas del Estado que involucren la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución de operaciones petroleras y gasíferas, no podrá pactarse el arbitraje como medio de interpretación contractual o de solución de controversias". Se agrega que "los tribunales venezolanos serán los únicos competentes" para conocer las posibles controversias.
Una de las versiones de esa normativa detalla que quedarían "a salvo los contratos de financiamiento de los que versen sobre licencia de uso de tecnología".
Por otra parte, y también relacionado con decisiones de tribunales, el propio borrador establece una "prohibición de medidas preventivas y ejecutivas" que impide que algún "bien mueble o inmueble pueda ser objeto de medidas preventivas, o ejecutivas, dictadas por tribunales a solicitud de particulares".
Sobre las instalaciones y bienes petroleros y gasíferos podría establecerse un principio denominado "inembargabilidad" de los mismos, por el cual "todos los inmuebles" utilizados para estas actividades "así como aquellos donde se encuentren bienes para la ejecución de labores petroleras o gasíferas, tales como: plantas de gasificación e inyección de agua, taladros, tanques, diques, astilleros y las oficinas administrativas de Petróleos de Venezuela y sus filiales, serán inembargables e inejecutables mientras estén destinados a dichos fines", según reportó el diario El Universal.
De aprobarse esta ley, sometiendo las disputas a la única jurisdicción de los corruptos Tribunales venezolanos controlados por el Ejecutivo Nacional, en los cuales la República no pierde juicio alguno, anticipamos que PDVSA no encontrará contrapartes legítimas dispuestas a contratar con ella en el sector petrolero y gasífero. Claro, las "petroleras" de "chulo-Estados" como Cuba, Nicaragua, Ecuador, y Bielorrusia entrarán a la piñata, no importa la absurdidad de las condiciones. Hay que darle mientras dure.
Dirimir en tribunales internacionales las decisiones gubernamentales en materia petrolera y gasífera no es del agrado del Gobierno nacional. Por ello, en el seno del poder Ejecutivo se estudia la posibilidad de que se prohiban pactos de arbitraje para los contratos relativos a las actividades petroleras o gasíferas.
Un borrador del proyecto de Ley Orgánica para la Protección del Sector Nacional de Hidrocarburos, que se espera se discuta este año en la Asamblea Nacional, establece que "en los contratos que celebren las empresas del Estado que involucren la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución de operaciones petroleras y gasíferas, no podrá pactarse el arbitraje como medio de interpretación contractual o de solución de controversias". Se agrega que "los tribunales venezolanos serán los únicos competentes" para conocer las posibles controversias.
Una de las versiones de esa normativa detalla que quedarían "a salvo los contratos de financiamiento de los que versen sobre licencia de uso de tecnología".
Por otra parte, y también relacionado con decisiones de tribunales, el propio borrador establece una "prohibición de medidas preventivas y ejecutivas" que impide que algún "bien mueble o inmueble pueda ser objeto de medidas preventivas, o ejecutivas, dictadas por tribunales a solicitud de particulares".
Sobre las instalaciones y bienes petroleros y gasíferos podría establecerse un principio denominado "inembargabilidad" de los mismos, por el cual "todos los inmuebles" utilizados para estas actividades "así como aquellos donde se encuentren bienes para la ejecución de labores petroleras o gasíferas, tales como: plantas de gasificación e inyección de agua, taladros, tanques, diques, astilleros y las oficinas administrativas de Petróleos de Venezuela y sus filiales, serán inembargables e inejecutables mientras estén destinados a dichos fines", según reportó el diario El Universal.
De aprobarse esta ley, sometiendo las disputas a la única jurisdicción de los corruptos Tribunales venezolanos controlados por el Ejecutivo Nacional, en los cuales la República no pierde juicio alguno, anticipamos que PDVSA no encontrará contrapartes legítimas dispuestas a contratar con ella en el sector petrolero y gasífero. Claro, las "petroleras" de "chulo-Estados" como Cuba, Nicaragua, Ecuador, y Bielorrusia entrarán a la piñata, no importa la absurdidad de las condiciones. Hay que darle mientras dure.
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