VenePirámides
Cuando el Central Azucarero Pío Tamayo, en el estado Lara, quebró a finales de 1999, el Gobierno le propuso a trabajadores y cañicultores formar con el Estado el modelo de cogestión social para reactivar la empresa. De esta manera, en 2001 comenzó la primera experiencia socialista en la que la clase obrera, junto con los productores de caña de azúcar, tomaba el control de una empresa. Las prestaciones sociales que les adeudaban a los trabajadores y el pago pendiente a los cañicultores fue capitalizado y entre ambos llegaron a tener 51% de las acciones del central. Mientras que el Estado, representado en la Corporación Venezolana Agraria y la Gobernación de Lara, tenía 49%. La promesa que les hicieron a los productores y trabajadores era que en siete años serían los dueños absolutos del central, pero el Ejecutivo los desplazó.
Pedro Guzmán, presidente de Sertiazucar, Servicio Técnico Azucarero C.A., que representa a los trabajadores, dijo que nunca hubo una participación directa en las decisiones del central. "Nunca nos dejaron tomar decisiones ni tuvimos acceso a los balances financieros; esa empresa no ha dado ganancias, sólo pérdidas, y no hemos recibido nada a cambio del dinero que se dejó de percibir por prestaciones sociales", expresó. Señaló que un día la participación accionaria de los trabajadores fue reducida de 25,5% a 17,57%, al igual que a los cañicultores. "La Corporación Venezolana Agraria invirtió un dinero en unas presuntas mejoras y como nosotros no teníamos recursos, nos quitaron la participación accionaria. Poco a poco nos sacaron del juego y ahora el Gobierno aparece como el máximo dueño".
En 2001, los 320 trabajadores aportaron 290 millones de bolívares de los viejos (290.000 bolívares de ahora), pero la cogestión hoy quedó en el olvido. "Esa propiedad de cogestión no funcionó. No teníamos contrato colectivo", afirmó. Guzmán recordó que la idea de la cogestión social era buena, pero fracasó por la burocracia, la falta de transparencia en las finanzas y porque no se definieron bien los beneficios que recibirían los trabajadores. Indicó que la nómina subió de 320 trabajadores a casi 600. "En esa empresa lo único rojo-rojito son las pérdidas", aseguró. "Estamos muy decepcionados, nos engañaron".
Pero no sólo las expectativas de los trabajadores quedaron truncadas con el central Pío Tamayo. Los cañicultores del estado Lara reportan la caída de la producción y, además, la pérdida económica por el fracaso de la cogestión de la que formaban parte. "Eso no funcionó por varias razones, la situación del sector azucarero es muy grave, en 7 años nunca hubo dividendos para los socios. Además, la producción de caña de azúcar de la zona cayó de 315.000 toneladas que se molían hace 3 años a menos de 116.000 toneladas en la zafra pasada. Allí se ha invertido mucho dinero pero son pocos los frutos que se ven", indicó Edgar Contreras, gerente de Socadol, Sociedad de Cañicultores de los Distritos Occidentales de Lara. Dijo que trajeron una maquinaria de Cuba que estaba obsoleta.
Finalmente, el viernes pasado el Gobierno compró las acciones de 320 trabajadores y 39 cañicultores, por las cuales pagó 10,7 millones de bolívares, y ahora es el único propietario del central. La experiencia en el Pío Tamayo se traslada a otros centrales tomados por el Gobierno. En total, el Ejecutivo cuenta con 10 procesadoras de caña de azúcar, sin incluir los proyectos para elaborar etanol.
"Una vez que pasan a manos del Ejecutivo pierden efectividad. Siempre estuvieron mejor manejados en manos privadas que públicas", aseveró el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores, José Ricardo Álvarez. Dijo que muchos operan a la mitad de su capacidad, como el Venezuela en el estado Zulia y el Cazta en Táchira, tomados a principios de este año.
El Cumanacoa, en el estado Sucre, expropiado en 2008, también reporta una caída. "Este central llegó a moler en su mejor época 300.000 toneladas de caña, pero se ha reducido a 84.000 toneladas en la zafra 2008-2009 y en la del año pasado con dificultad procesó 70.600, y quizás en la próxima apenas llegue a 54.000 toneladas", expresó Ángel Rivas, presidente de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa. Refirió que el central Cariaco tiene 3 años paralizado.
Otro caso emblemático es el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas. Lleva más de 6 años desde que comenzaron su construcción y recientemente informaron que aún estaba en pruebas. En este tiempo hubo retrasos en las obras, por casos de corrupción, fallas técnicas y burocracia, según reportó el diario El Nacional (por suscripción). El Gobierno prometió que operará finalmente para la próxima zafra.
En Monagas proyectaron un megacentral y sólo se realizaron algunos movimientos de tierras.
"El Gobierno tiene diez centrales azucareros, pero el sector no se ha reactivado. Con todo y esa infraestructura, apenas logran procesar 20% de la caña de azúcar que se cultiva en el país", señaló Edgar Contreras, de los productores de Lara.
Cuando el Central Azucarero Pío Tamayo, en el estado Lara, quebró a finales de 1999, el Gobierno le propuso a trabajadores y cañicultores formar con el Estado el modelo de cogestión social para reactivar la empresa. De esta manera, en 2001 comenzó la primera experiencia socialista en la que la clase obrera, junto con los productores de caña de azúcar, tomaba el control de una empresa. Las prestaciones sociales que les adeudaban a los trabajadores y el pago pendiente a los cañicultores fue capitalizado y entre ambos llegaron a tener 51% de las acciones del central. Mientras que el Estado, representado en la Corporación Venezolana Agraria y la Gobernación de Lara, tenía 49%. La promesa que les hicieron a los productores y trabajadores era que en siete años serían los dueños absolutos del central, pero el Ejecutivo los desplazó.
Pedro Guzmán, presidente de Sertiazucar, Servicio Técnico Azucarero C.A., que representa a los trabajadores, dijo que nunca hubo una participación directa en las decisiones del central. "Nunca nos dejaron tomar decisiones ni tuvimos acceso a los balances financieros; esa empresa no ha dado ganancias, sólo pérdidas, y no hemos recibido nada a cambio del dinero que se dejó de percibir por prestaciones sociales", expresó. Señaló que un día la participación accionaria de los trabajadores fue reducida de 25,5% a 17,57%, al igual que a los cañicultores. "La Corporación Venezolana Agraria invirtió un dinero en unas presuntas mejoras y como nosotros no teníamos recursos, nos quitaron la participación accionaria. Poco a poco nos sacaron del juego y ahora el Gobierno aparece como el máximo dueño".
En 2001, los 320 trabajadores aportaron 290 millones de bolívares de los viejos (290.000 bolívares de ahora), pero la cogestión hoy quedó en el olvido. "Esa propiedad de cogestión no funcionó. No teníamos contrato colectivo", afirmó. Guzmán recordó que la idea de la cogestión social era buena, pero fracasó por la burocracia, la falta de transparencia en las finanzas y porque no se definieron bien los beneficios que recibirían los trabajadores. Indicó que la nómina subió de 320 trabajadores a casi 600. "En esa empresa lo único rojo-rojito son las pérdidas", aseguró. "Estamos muy decepcionados, nos engañaron".
Pero no sólo las expectativas de los trabajadores quedaron truncadas con el central Pío Tamayo. Los cañicultores del estado Lara reportan la caída de la producción y, además, la pérdida económica por el fracaso de la cogestión de la que formaban parte. "Eso no funcionó por varias razones, la situación del sector azucarero es muy grave, en 7 años nunca hubo dividendos para los socios. Además, la producción de caña de azúcar de la zona cayó de 315.000 toneladas que se molían hace 3 años a menos de 116.000 toneladas en la zafra pasada. Allí se ha invertido mucho dinero pero son pocos los frutos que se ven", indicó Edgar Contreras, gerente de Socadol, Sociedad de Cañicultores de los Distritos Occidentales de Lara. Dijo que trajeron una maquinaria de Cuba que estaba obsoleta.
Finalmente, el viernes pasado el Gobierno compró las acciones de 320 trabajadores y 39 cañicultores, por las cuales pagó 10,7 millones de bolívares, y ahora es el único propietario del central. La experiencia en el Pío Tamayo se traslada a otros centrales tomados por el Gobierno. En total, el Ejecutivo cuenta con 10 procesadoras de caña de azúcar, sin incluir los proyectos para elaborar etanol.
"Una vez que pasan a manos del Ejecutivo pierden efectividad. Siempre estuvieron mejor manejados en manos privadas que públicas", aseveró el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores, José Ricardo Álvarez. Dijo que muchos operan a la mitad de su capacidad, como el Venezuela en el estado Zulia y el Cazta en Táchira, tomados a principios de este año.
El Cumanacoa, en el estado Sucre, expropiado en 2008, también reporta una caída. "Este central llegó a moler en su mejor época 300.000 toneladas de caña, pero se ha reducido a 84.000 toneladas en la zafra 2008-2009 y en la del año pasado con dificultad procesó 70.600, y quizás en la próxima apenas llegue a 54.000 toneladas", expresó Ángel Rivas, presidente de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa. Refirió que el central Cariaco tiene 3 años paralizado.
Otro caso emblemático es el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas. Lleva más de 6 años desde que comenzaron su construcción y recientemente informaron que aún estaba en pruebas. En este tiempo hubo retrasos en las obras, por casos de corrupción, fallas técnicas y burocracia, según reportó el diario El Nacional (por suscripción). El Gobierno prometió que operará finalmente para la próxima zafra.
En Monagas proyectaron un megacentral y sólo se realizaron algunos movimientos de tierras.
"El Gobierno tiene diez centrales azucareros, pero el sector no se ha reactivado. Con todo y esa infraestructura, apenas logran procesar 20% de la caña de azúcar que se cultiva en el país", señaló Edgar Contreras, de los productores de Lara.
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