martes, 16 de noviembre de 2010

Invadidos y olvidados: el destino de todos los inmuebles expropiados por el Estado

VenePirámides
En Caracas hay edificaciones expropiadas, residenciales o no, que albergan desde hace años familias y, no obstante, su situación no se ha regularizado. Algunas de esas infraestructuras pertenecen al Estado, como la Torre Confinanzas y la Torre Viasa. La primera pasó a ser propiedad del Estado a raíz de la crisis financiera de 1990; pero desde 2007 comenzó a ser invadida por personas que ocuparon el lugar con carpas.

Aunque en 2004 y 2005 se hicieron planes para destinar la torre a oficinas gubernamentales ­primero del Ministerio de Vivienda y Hábitat, y luego de la Alcaldía Metropolitana­, ninguno de los planes se ha ejecutado. Tampoco se ha dado respuesta a los invasores, que reclaman una vivienda segura y estable.

Progresivamente ha aumentado el número de ocupantes y de plantas intervenidas. Cada vez se observan más paredes de ladrillo en los bordes de los pisos, lo que les garantiza un poco de seguridad y divide los asentamientos de los grupos familiares.

Otro inmueble que corrió la misma suerte es la Torre Viasa, también propiedad del Estado, que permanece invadida desde 2004. En el lugar se han improvisado hogares y fue noticia cuando se produjo el asesinato de Abisay Velásquez en 2008. Entonces, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas determinó que los autores eran sujetos que mantenían el control del edificio. Pese al suceso, no se hicieron esfuerzos por mejorar la calidad de vida de esas familias, según reportó el diario El Nacional (por suscripción).

Otros casos que están en el limbo jurídico son los edificios expropiados por el ex alcalde metropolitano Juan Barreto, en 2006. Luego de que se produjera una vaguada a finales del año anterior, el funcionario declaró varias residencias de utilidad pública; posteriormente, incluyó propiedades cuyos inquilinos presentaban reclamos por haber pagado el alquiler durante décadas sin que se les brindara la oportunidad de comprar los apartamentos.

Al concluir la administración de Barreto se habían afectado 241 inmuebles, pero sólo se acordó el pago de 12.

Gabriel Matute, asesor legal de la Alcaldía Metropolitana, aseguró que en la actualidad la mayoría de los propietarios realiza trámites para desafectar los inmuebles, a la vez que tratan de llegar a acuerdos con los inquilinos. Con respecto a la docena de propiedades, expresó que recaban información para saber si se realizaron los pagos.

Sobre la marcha. Algunos edificios están invadidos desde hace varios años sin que se haya producido una solución legal.

Sin embargo, quienes los ocupan se han organizado de manera expedita para pagar servicios públicos y hasta inaugurar pequeñas empresas o unidades productivas.

El edificio Valdelrrey, en San Bernardino, es un ejemplo.

Lleva 5 años ocupado por más de 40 familias y en ese tiempo han abierto en la planta baja una peluquería, un taller mecánico y otro de soldadura.

"Nos hemos organizado para pagar el agua, la luz y una cuota mensual de condominio para los gastos de mantenimiento", indicó una vecina que no ofreció su nombre. Incluso, han establecido normas de convivencia; fue así como hace dos años se reunieron en asamblea para desalojar a dos personas.

"Ellos estaban fumando marihuana en la azotea y de inmediato los sacamos porque no queríamos que se volvieran un mal ejemplo para los niños", dijo la mujer, que se sumó a la invasión porque llevaba 10 años en pensiones cerca del Nuevo Circo.

"Era muy duro porque vivía con mi mamá y mis hermanos.

Pagaba junto con mi hermana, pero cuando ella se quedaba sin empleo debía cancelar la mensualidad yo sola, y era la mitad de mi sueldo".

El edificio Vermont, localizado cerca del puente de la avenida Fuerzas Armadas, es otro ejemplo de cómo las familias se han organizado, pese a que no reciben respuesta oficial sobre la solicitud de viviendas.

Mientras eso ocurre, los ocupantes crearon una empresa textil y un abasto bolivariano.

También se han organizado para pagar servicios básicos, como lo demuestra la factura del suministro de agua colocada en la entrada, a nombre de la cooperativa de desarrollo endógeno textil.

Elvis Rivas, que reside en el lugar y es promotor social de la Fundación Nacional Comité de los Sin Techo, explicó que la iniciativa surgió para emplear a varios residentes del edificio y pagar gastos de mantenimiento. De hecho, cuentan con talleres de confección de ropa, que comercializan en un establecimiento en la plaza El Venezolano.

Rivas asegura que lo que hicieron es un acto de justicia, pues la edificación estuvo 15 años abandonada y los dueños la usaban como depósito clandestino para evadir impuestos. Ahora viven allí personas que habitaban en zonas de riesgo y en pensiones o que eran conserjes y quedaron desempleados.

"Si se habla de que se está refundando el Estado, entonces el Gobierno debe evitar que se trafique, acapare y monopolice con las propiedades. Además, los que cotizan política habitacional no se benefician, dependen de que un banco quiera darles el crédito. Lo ideal es que se fortalezca el Sistema Integrado de Gestión de Vivienda y Hábitat", expuso.

El activista social aseguró que la fundación ha contabilizado cerca de 8.000 familias que viven en más de 30 invasiones, repartidas en las parroquias San Bernardino, Candelaria, Catedral, Altagracia y Santa Teresa.

1 comentario:

  1. compatriotas y seguimos en la lucha para que se dignifique la vivienda y el habitad que la expropiación sea con un fin legal y las personas puedan pagar su inmueble

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