La incapacidad gerencial de la Robolución del Siglo XXI destruye todo lo que expropia

VenePirámides

Una nueva ronda de estatizaciones se activa en Venezuela. Hace poco el Vicepresidente de la República, Elías Jaua, señalaba que el Ejecutivo había definido una lista de sectores productivos que debían pasar a manos del Estado, en el marco del combate contra los oligopolios, monopolios y latifundios.

Tras cuatro meses de descanso, el Gobierno reavivó la ola expropiadora, y decidió la suerte de Agroisleña, Venoco, Fertinitro, Owens Illinois y Venprecar en tan solo un mes. Pero mientras se concretan esos procesos, un grupo de empresas viven desde hace un tiempo la realidad de convertirse en una Empresa de Producción Social (EPS).

Recientemente Conindustria presentó un estudio que indica que durante la administración de Hugo Chávez un total de 371 empresas han sido nacionalizadas. Entre las de más vieja data se encuentran Venepal, Hilandería Tinaquillo y Constructora Nacional de Válvulas, ahora denominadas Invepal, Invetex e Inveval.

La primera, expropiada como las otras dos en 2005, acumula un quinquenio lleno de fallas en su producción, lo que le ha impedido progresar. Pese a la aprobación de recursos para adquirir una procesadora de pulpa, esa solución todavía no se ha cristalizado y la papelera depende de las importaciones para poder llevar adelante sus operaciones.

Invetex ni siquiera arrancó su producción, mientras que Inveval ha presentado incluso paralizaciones porque el Ejecutivo no ha concretado la transferencia presupuestaria para que esa industria opere, lo que ha afectado hasta el pago de sus trabajadores, según reportó el diario El Universal.

Tras un receso expropiatorio, el Gobierno nacional arrancó nuevamente con el proceso de nacionalizaciones en el año 2007. En adelante cambió incluso la concepción de las empresas nacientes tras las estatizaciones. Para ese año el Ejecutivo nacional presentó el Primer Plan Socialista que definió como el epicentro del cambio productivo en el país a las EPS. Ya en ese marco, una de las empresas que pasaron a manos estatales fueron las eléctricas y las petroleras de la Faja del Orinoco, además de Cantv. Más adelante, se prosiguió con las cementeras y Sidor, entre las más representativas de esos primeros años.

Las cementeras, dos años después de su expropiación, han estado plagadas de dificultades. La caída de la producción es uno de los problemas principales, así como menores inversiones y trabas a la hora de lograr los insumos necesarios para cubrir la cadena de producción cementera. Ya en las cifras del segundo trimestre de este año se aprecia una reducción de 7,3% en el nivel de ventas de las tres expropiadas (Cemex, Holcim y Lafarge), al pasar de dos millones de toneladas métricas en 2009 hasta 1,8 millones de toneladas métricas este año.

Las cementeras fueron estatizadas tras las denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero, precisamente, durante la gestión gubernamental ha crecido el malestar entre los trabajadores. Uno de los consultados señaló que la estatización ha "agravado la política de explotación", y que se continúan violando los derechos laborales.

No es la única estatizada que transita ese camino. Otra empresa que enfrenta deficiencias en sus políticas hacia los trabajadores es Sidor. Más de 10 empleados han fallecido desde que la empresa fuera expropiada en el año 2008.

La peligrosidad ya había sido advertida por la Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) el año pasado, cuando emitió un informe en el que alertaba que existía un riesgo elevado para los trabajadores de la industria siderúrgica, así como para el personal del resto de las empresas básicas. La falta de inversiones dirigidas al mantenimiento y modernización de los equipos era el principal causante del peligro.

Pero también las propias dinámicas han afectado a empresas que apenas tienen meses de expropiadas. Por ejemplo, el representante sindical de Supermercados Bicentenario de Macaracuay, Richard Sánchez, denunció que la administración gubernamental está echando a la calle a los trabajadores contratados, lo que supone una contradicción con el mandato presidencial de absorber a los empleados tercerizados.

Al menos en Macaracuay la nómina es de 85 trabajadores, de los cuales cerca de 25 son contratados. La gerencia estatal está evaluando solamente a los trabajadores tercerizados y, según resalta el representante sindical, pocos han pasado la prueba.

Sánchez asegura que los trabajadores del resto de la cadena de supermercados tienen miedo de hablar.