VenePirámides
Los envíos de crudo a China para cancelar el endeudamiento contratado por el Gobierno con ese país que suma 32 millardos de dólares comprometen la situación financiera de Petróleos de Venezuela, según documentos oficiales presentados por el diputado Miguel Ángel Rodríguez, de la oposición.
El parlamentario mostró un punto de cuenta enviado por Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, al presidente Hugo Chávez en el que advierte sobre las consecuencias negativas de los descuentos ofrecidos al país asiático.
El documento indica que los envíos se cobran a 40 y 50 dólares por barril, según el convenio al que correspondan, a pesar de que los precios del crudo promediaron 87 dólares en 2008; 57 dólares en 2009; 72 dólares en 2010 y 99 dólares en lo que va de 2011.
También señala que los 430.000 barriles diarios que se mandan a China representan 16% de lo que se extrae. "Eso da una producción de 2,6 millones de barriles y confirma que es falsa la cifra de 3 millones de barriles que anuncia el Gobierno. La mentira tiene patas cortas", dijo Rodríguez.
El diputado rechazó la estrategia gubernamental de presentar los fondos chinos como un mecanismo de cooperación. "En el punto de cuenta Ramírez llama las cosas como son: `Pdvsa asumió toda la carga financiera por el pago de la deuda’".
Rodríguez afirmó que los compromisos adquiridos con China son ilegales porque no fueron incluidos en las leyes de endeudamiento anual presentadas por el Ministerio de Planificación y Finanzas al Parlamento desde 2007 hasta la fecha.
Agregó que, al pagar la deuda con petróleo a descuento, el Ejecutivo viola la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. "No se podrán contratar operaciones de crédito con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales", dice el artículo 93.
El parlamentario entregó los documentos a la organización no gubernamental Foro Penal, que los evaluará para determinar las acciones administrativas o penales que pueden emprenderse. También prevé acudir a la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial para que investiguen el caso, según reportó el diario El Nacional.
Los envíos de crudo a China para cancelar el endeudamiento contratado por el Gobierno con ese país que suma 32 millardos de dólares comprometen la situación financiera de Petróleos de Venezuela, según documentos oficiales presentados por el diputado Miguel Ángel Rodríguez, de la oposición.
El parlamentario mostró un punto de cuenta enviado por Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, al presidente Hugo Chávez en el que advierte sobre las consecuencias negativas de los descuentos ofrecidos al país asiático.
El documento indica que los envíos se cobran a 40 y 50 dólares por barril, según el convenio al que correspondan, a pesar de que los precios del crudo promediaron 87 dólares en 2008; 57 dólares en 2009; 72 dólares en 2010 y 99 dólares en lo que va de 2011.
También señala que los 430.000 barriles diarios que se mandan a China representan 16% de lo que se extrae. "Eso da una producción de 2,6 millones de barriles y confirma que es falsa la cifra de 3 millones de barriles que anuncia el Gobierno. La mentira tiene patas cortas", dijo Rodríguez.
El diputado rechazó la estrategia gubernamental de presentar los fondos chinos como un mecanismo de cooperación. "En el punto de cuenta Ramírez llama las cosas como son: `Pdvsa asumió toda la carga financiera por el pago de la deuda’".
Rodríguez afirmó que los compromisos adquiridos con China son ilegales porque no fueron incluidos en las leyes de endeudamiento anual presentadas por el Ministerio de Planificación y Finanzas al Parlamento desde 2007 hasta la fecha.
Agregó que, al pagar la deuda con petróleo a descuento, el Ejecutivo viola la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. "No se podrán contratar operaciones de crédito con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales", dice el artículo 93.
El parlamentario entregó los documentos a la organización no gubernamental Foro Penal, que los evaluará para determinar las acciones administrativas o penales que pueden emprenderse. También prevé acudir a la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial para que investiguen el caso, según reportó el diario El Nacional.
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