VenePirámides
La tensión por la explotación minera en La Paragua, en el estado Bolívar, se incrementó durante el fin de semana después de que más de un centenar de indígenas desarmaron y retuvieron a 24 efectivos y oficiales de la Fuerza Armada Nacional en la mina El Tonoro, ubicada a 30 minutos de Manaima, en Alto Paragua.
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo Da Grazia, informó que "unas 35 comunidades indígenas de las etnias Chirichan, Yekuanas y Pemón se pusieron de acuerdo y desarmaron a los militares".
Posteriormente, a media tarde de ayer, el Jefe del Comando Estratégico Operacional, general Henry Rangel Silva, informó que "se resolvió una situación extraordinaria" con los indígenas en La Paragua, aunque sin detallar algún tipo de acuerdo o la situación de los militares retenidos.
Los miembros de la FANB estuvieron bajo custodia de los indígenas, que exigieron la presencia del Vicepresidente ejecutivo Elías Jaua, o del ministro de Defensa, Carlos Mata Figueroa, para liberar a los retenidos y dialogar sobre la situación en la mina El Tonoro.
Da Grazia dijo que los testimonios textuales de los indígenas afectados señalan que desde el martes pasado "un comando del Ejército dirigido por el Teniente Coronel Gutiérrez tomó por asalto esa comunidad indígena y desalojaron a indígenas y mineros. No solo quemaron sus pertenencias, sino que a muchos los humillaron y maltrataron, e incluso les robaron el oro".
Las comunidades indígenas se quejan de que los militares empezaron a operar las minas y a explotar el oro, lo que causó el rechazo de las etnias.
En principio fueron 23 los efectivos retenidos por los indígenas, pero este sábado el Coronel Ever Cortés, de la Guardia Nacional, enviado a mediar en el conflicto, también quedó bajo custodia de los grupos indígenas por no haber provisto soluciones para las etnias, destacó Da Grazia.
La intención de las etnias de conversar con el ministro Mata o el Vicepresidente Jaua apuntaba a demostrar el robo de sus pertenencias, incluyendo el oro. "Quieren que se haga justicia, ya están cansados de tantas violaciones de derechos y de que cuando acusan las extorsiones que sufren, ninguna autoridad les cree o los atiende", apuntó Da Grazia.
Un reporte de Globovisión citó a Jorge Pérez, Capitán General de 23 comunidades indígenas del sector 5, quien manifestó que hace meses efectivos del Ejército "llegaron a la comunidad de Ikabaru en la Gran Sabana, exigiendo a nuestros hermanos que les dieran de kilo a kilo y medio del oro que extraen de las minas".
Ricardo Delgado, uno de los voceros de las comunidades indígenas en La Paragua, aseguró que el problema de fondo es la vigencia del Decreto 8.413 que reserva al Estado la explotación minera del oro, pues "ello viola los derechos de las etnias indígenas previstos en la Constitución Bolivariana. Se está dejando el hábitat y las tierras de los indígenas en manos de los militares, que están haciendo una explotación ilegal".
Por su parte el diputado Da Grazia subrayó que los indígenas están "exigiendo su espacio para trabajar, así como operan las empresas mineras transnacionales rusas, iraníes, canadienses o chinas".
A juicio del legislador, el argumento de la explotación ilegal de minas no tiene sentido, y se pregunta si la política gubernamental no es la que fomenta la anarquía en la minería. "Quieren darle una respuesta militar a esta situación, cuando lo que debe haber es una salida consensuada y de diálogo. Las cooperativas, los mineros, y los molineros están abiertos al diálogo".
Sobre esto, Ricardo Delgado dijo que la población en La Paragua ha sido militarizada, impidiéndose incluso que las personas aborden avionetas o se trasladen en lanchas u otras embarcaciones. "Debe desmilitarizarse la zona. Mientras más efectivos de la Fuerza Armada haya, más se complica la situación", indicó .
El diputado Da Grazia critica la "reconversión minera", que considera "un fracaso, donde el Gobierno no ha buscado el diálogo con los legítimos representantes indígenas", según reportó el diario El Universal.
La tensión por la explotación minera en La Paragua, en el estado Bolívar, se incrementó durante el fin de semana después de que más de un centenar de indígenas desarmaron y retuvieron a 24 efectivos y oficiales de la Fuerza Armada Nacional en la mina El Tonoro, ubicada a 30 minutos de Manaima, en Alto Paragua.
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo Da Grazia, informó que "unas 35 comunidades indígenas de las etnias Chirichan, Yekuanas y Pemón se pusieron de acuerdo y desarmaron a los militares".
Posteriormente, a media tarde de ayer, el Jefe del Comando Estratégico Operacional, general Henry Rangel Silva, informó que "se resolvió una situación extraordinaria" con los indígenas en La Paragua, aunque sin detallar algún tipo de acuerdo o la situación de los militares retenidos.
Los miembros de la FANB estuvieron bajo custodia de los indígenas, que exigieron la presencia del Vicepresidente ejecutivo Elías Jaua, o del ministro de Defensa, Carlos Mata Figueroa, para liberar a los retenidos y dialogar sobre la situación en la mina El Tonoro.
Da Grazia dijo que los testimonios textuales de los indígenas afectados señalan que desde el martes pasado "un comando del Ejército dirigido por el Teniente Coronel Gutiérrez tomó por asalto esa comunidad indígena y desalojaron a indígenas y mineros. No solo quemaron sus pertenencias, sino que a muchos los humillaron y maltrataron, e incluso les robaron el oro".
Las comunidades indígenas se quejan de que los militares empezaron a operar las minas y a explotar el oro, lo que causó el rechazo de las etnias.
En principio fueron 23 los efectivos retenidos por los indígenas, pero este sábado el Coronel Ever Cortés, de la Guardia Nacional, enviado a mediar en el conflicto, también quedó bajo custodia de los grupos indígenas por no haber provisto soluciones para las etnias, destacó Da Grazia.
La intención de las etnias de conversar con el ministro Mata o el Vicepresidente Jaua apuntaba a demostrar el robo de sus pertenencias, incluyendo el oro. "Quieren que se haga justicia, ya están cansados de tantas violaciones de derechos y de que cuando acusan las extorsiones que sufren, ninguna autoridad les cree o los atiende", apuntó Da Grazia.
Un reporte de Globovisión citó a Jorge Pérez, Capitán General de 23 comunidades indígenas del sector 5, quien manifestó que hace meses efectivos del Ejército "llegaron a la comunidad de Ikabaru en la Gran Sabana, exigiendo a nuestros hermanos que les dieran de kilo a kilo y medio del oro que extraen de las minas".
Ricardo Delgado, uno de los voceros de las comunidades indígenas en La Paragua, aseguró que el problema de fondo es la vigencia del Decreto 8.413 que reserva al Estado la explotación minera del oro, pues "ello viola los derechos de las etnias indígenas previstos en la Constitución Bolivariana. Se está dejando el hábitat y las tierras de los indígenas en manos de los militares, que están haciendo una explotación ilegal".
Por su parte el diputado Da Grazia subrayó que los indígenas están "exigiendo su espacio para trabajar, así como operan las empresas mineras transnacionales rusas, iraníes, canadienses o chinas".
A juicio del legislador, el argumento de la explotación ilegal de minas no tiene sentido, y se pregunta si la política gubernamental no es la que fomenta la anarquía en la minería. "Quieren darle una respuesta militar a esta situación, cuando lo que debe haber es una salida consensuada y de diálogo. Las cooperativas, los mineros, y los molineros están abiertos al diálogo".
Sobre esto, Ricardo Delgado dijo que la población en La Paragua ha sido militarizada, impidiéndose incluso que las personas aborden avionetas o se trasladen en lanchas u otras embarcaciones. "Debe desmilitarizarse la zona. Mientras más efectivos de la Fuerza Armada haya, más se complica la situación", indicó .
El diputado Da Grazia critica la "reconversión minera", que considera "un fracaso, donde el Gobierno no ha buscado el diálogo con los legítimos representantes indígenas", según reportó el diario El Universal.
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