VenePirámides
Las estructuras de costos y los precios de venta al público de alimentos, productos de cuidado personal y artículos para la limpieza del hogar se regirán, a partir de mañana, por un nuevo sistema de control.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y su reglamento, las empresas y personas que produzcan, distribuyan y comercialicen bienes y servicios quedan sujetos al control riguroso de la superintendencia del área. El organismo determinará los porcentajes de ganancias, utilidades y precios máximos de venta al público que podrán tener las compañías reguladas y los fijará mediante una providencia administrativa.
Se le da potestad a los consejos comunales y a cualquier organización social, previa autorización de la superintendencia, de fijar precios, costos y márgenes de ganancia de los bienes y productos sujetos a control.
El presidente Hugo Chávez dijo que se creará un catálogo estándar de todos los bienes y servicios que se regularán y los precios fijados. Para tal fin se tomará en cuenta el costo de la materia prima nacional o importada, la mano de obra, los servicios, el costo de transferencia tecnológica e incluso se compararán los precios nacionales de venta al público con los internacionales.
Las empresas estarán obligadas a registrarse en el sistema de costos y precios, y presentar a la superintendencia las estructuras de costos detallados por cada rubro que procesen. En caso de que el Gobierno considere que los montos estén sobreestimados, evadan regulaciones y contengan ganancias exageradas serán rechazados y quedará a potestad del Ejecutivo fijarlos. Tampoco se reconocerán los costos de productos que presenten cambios en las presentaciones y formatos como medida para evadir controles de precios.
El Gobierno se reserva el derecho de establecer los precios según los criterios socialistas plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. "En especial aquellos lineamientos que favorezcan la determinación del mejor precio para la población y la satisfacción de las necesidades sociales y el interés nacional", dicta el reglamento en el artículo 25. Incluso los precios de los bienes y servicios contratados por el sector público serán regulados por la superintendencia.
El economista Ángel Alayón dijo que las empresas tendrán que someter a consideración todas sus estructuras de costos al Gobierno y proponer los precios de venta al público. "Si el Ejecutivo autoriza las estructuras y los precios, las empresas podrán aplicarlos. En caso contrario, tendrán que esperar que sea el Gobierno el que los apruebe, y si se trata de productos que ya están sometidos a control se impondrá una nueva regulación", explicó Alayón en el foro Desafío Económico 2012, organizado por El Nacional.
El economista sostuvo que la ley será poco eficaz para reducir la inflación si no se incentiva la producción nacional y se corrigen las distorsiones del control de precios vigente desde febrero de 2003.
En fases. En la primera etapa de la aplicación de la ley serán analizados alimentos controlados y no controlados, así como la cesta de productos de cuidado personal como champú, acondicionadores para el cabello, afeitadoras, jabones de tocador, desodorantes, papel higiénico, toallas sanitarias y otros, según el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
En el caso de los productos del hogar y de higiene personal hay presentaciones que tienen precios controlados desde 2003, pero ahora el Gobierno revisará los que se venden a precios muy elevados.
Entre los parámetros para determinar la especulación, el Ejecutivo comparará precios internacionales de un mismo producto.
En la Ley de Costos y Precios se establece que la superintendencia podrá ejercer la inspección y control a empresas que considere que están especulando. "Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan", cita el artículo 4 numeral 1 de la ley.
Fedecámaras también ha señalado que el instrumento legal representa un control general de precios y que restringirá el alza de sueldos y salarios de los trabajadores, que es un componente dentro de las estructuras de costos de las empresas.
Nuevos límites. Cedice advierte en un informe que con esta ley los derechos de propiedad y de libre iniciativa privada sobre los medios de producción se convierten en concesiones otorgadas de manera arbitraria por el Ejecutivo. "Representa la pérdida de la libertad económica de las personas y el aumento de la dependencia económica (para acceder a bienes y servicios) de la población a las decisiones del Ejecutivo", afirma el organismo.
Indica que la ley incrementa la incertidumbre de los agentes económicos, al tener que depender para la determinación de costos y precios de los poderes ilimitados de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. También menciona que representa la suspensión de los derechos de los consumidores y usuarios de acceder y elegir bienes y servicios de calidad según sus preferencias.
"Se cambian los derechos de consumidores y usuarios por cuotas mínimas de bienes y servicios suficientes para subsistir, como si se tratara de una especie de economía de guerra, de mínimos, no de ofertas amplias y variadas a precios competitivos".
Cedice considera que el Gobierno elimina el sistema constitucional de economía social de mercado y en su lugar instaura un sistema de planificación centralizada de la economía, según reportó el diario El Nacional.
Las estructuras de costos y los precios de venta al público de alimentos, productos de cuidado personal y artículos para la limpieza del hogar se regirán, a partir de mañana, por un nuevo sistema de control.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y su reglamento, las empresas y personas que produzcan, distribuyan y comercialicen bienes y servicios quedan sujetos al control riguroso de la superintendencia del área. El organismo determinará los porcentajes de ganancias, utilidades y precios máximos de venta al público que podrán tener las compañías reguladas y los fijará mediante una providencia administrativa.
Se le da potestad a los consejos comunales y a cualquier organización social, previa autorización de la superintendencia, de fijar precios, costos y márgenes de ganancia de los bienes y productos sujetos a control.
El presidente Hugo Chávez dijo que se creará un catálogo estándar de todos los bienes y servicios que se regularán y los precios fijados. Para tal fin se tomará en cuenta el costo de la materia prima nacional o importada, la mano de obra, los servicios, el costo de transferencia tecnológica e incluso se compararán los precios nacionales de venta al público con los internacionales.
Las empresas estarán obligadas a registrarse en el sistema de costos y precios, y presentar a la superintendencia las estructuras de costos detallados por cada rubro que procesen. En caso de que el Gobierno considere que los montos estén sobreestimados, evadan regulaciones y contengan ganancias exageradas serán rechazados y quedará a potestad del Ejecutivo fijarlos. Tampoco se reconocerán los costos de productos que presenten cambios en las presentaciones y formatos como medida para evadir controles de precios.
El Gobierno se reserva el derecho de establecer los precios según los criterios socialistas plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. "En especial aquellos lineamientos que favorezcan la determinación del mejor precio para la población y la satisfacción de las necesidades sociales y el interés nacional", dicta el reglamento en el artículo 25. Incluso los precios de los bienes y servicios contratados por el sector público serán regulados por la superintendencia.
El economista Ángel Alayón dijo que las empresas tendrán que someter a consideración todas sus estructuras de costos al Gobierno y proponer los precios de venta al público. "Si el Ejecutivo autoriza las estructuras y los precios, las empresas podrán aplicarlos. En caso contrario, tendrán que esperar que sea el Gobierno el que los apruebe, y si se trata de productos que ya están sometidos a control se impondrá una nueva regulación", explicó Alayón en el foro Desafío Económico 2012, organizado por El Nacional.
El economista sostuvo que la ley será poco eficaz para reducir la inflación si no se incentiva la producción nacional y se corrigen las distorsiones del control de precios vigente desde febrero de 2003.
En fases. En la primera etapa de la aplicación de la ley serán analizados alimentos controlados y no controlados, así como la cesta de productos de cuidado personal como champú, acondicionadores para el cabello, afeitadoras, jabones de tocador, desodorantes, papel higiénico, toallas sanitarias y otros, según el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
En el caso de los productos del hogar y de higiene personal hay presentaciones que tienen precios controlados desde 2003, pero ahora el Gobierno revisará los que se venden a precios muy elevados.
Entre los parámetros para determinar la especulación, el Ejecutivo comparará precios internacionales de un mismo producto.
En la Ley de Costos y Precios se establece que la superintendencia podrá ejercer la inspección y control a empresas que considere que están especulando. "Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan", cita el artículo 4 numeral 1 de la ley.
Fedecámaras también ha señalado que el instrumento legal representa un control general de precios y que restringirá el alza de sueldos y salarios de los trabajadores, que es un componente dentro de las estructuras de costos de las empresas.
Nuevos límites. Cedice advierte en un informe que con esta ley los derechos de propiedad y de libre iniciativa privada sobre los medios de producción se convierten en concesiones otorgadas de manera arbitraria por el Ejecutivo. "Representa la pérdida de la libertad económica de las personas y el aumento de la dependencia económica (para acceder a bienes y servicios) de la población a las decisiones del Ejecutivo", afirma el organismo.
Indica que la ley incrementa la incertidumbre de los agentes económicos, al tener que depender para la determinación de costos y precios de los poderes ilimitados de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. También menciona que representa la suspensión de los derechos de los consumidores y usuarios de acceder y elegir bienes y servicios de calidad según sus preferencias.
"Se cambian los derechos de consumidores y usuarios por cuotas mínimas de bienes y servicios suficientes para subsistir, como si se tratara de una especie de economía de guerra, de mínimos, no de ofertas amplias y variadas a precios competitivos".
Cedice considera que el Gobierno elimina el sistema constitucional de economía social de mercado y en su lugar instaura un sistema de planificación centralizada de la economía, según reportó el diario El Nacional.
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