La concentración de depósitos del Estado constituye un talón de Aquiles para los bancos venezolanos, lo que quedó demostrado con las recientes intervenciones, de acuerdo a un interesante artículo de Alberto Cova, publicado en el suplemento "Estrategia" de El Nacional (por suscripción)
Captar depósitos del público y utilizarlos para entregar créditos, también al público, es la función primordial de la banca, es el llamado proceso de intermediación que en una economía sana constituye la principal fuente de financiamiento para las actividades productivas. Trabajar con el dinero de los demás es un privilegio que tienen las instituciones financieras, las cuales, en teoría, logran sus beneficios de la diferencia que existe entre el interés que cobran a los receptores de crédito y el que pagan a los depositantes. Por eso, en cualquier banco la preocupación dominante es atraer a sus bóvedas el dinero que las empresas y los particulares no pueden guardar debajo del colchón.
Esta avidez de las empresas financieras por hacerse de recursos para el trabajo cotidiano ha sido aprovechada históricamente por "gestores" que han convertido la tramitación de los depósitos bancarios en un gran negocio, sobre todo cuando se trata de fondos provenientes de instituciones oficiales, que disponen de recursos a lo largo de todo el año para la ejecución de sus presupuestos. En la reciente crisis del sistema financiero venezolana, que condujo a la intervención de ocho pequeños bancos en un período de cuatro semanas, tuvo un peso importante la proporción de fondos oficiales en estas instituciones, que en algunos casos superaba 60% del total de depósitos. Era tal la dependencia de los dineros públicos en estos bancos que técnicamente podrían haber sido considerados como entes paraestatales, creados con el único fin de negociar y obtener beneficios de las colocaciones oficiales. "Una guerra de cuatro mafias", que se disputan el negocio de los fondos estatales, es lo que, a juicio del diputado Ismael García, provocó la intervención del Ejecutivo, mientas que el ex parlamentario Julio Montoya desenreda hasta Miraflores la madeja de implicaciones del caso.
Depósitos sin intereses
El economista Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas del actual Gobierno, adelanta una propuesta heterodoxa para acabar con los manejos irregulares de los depósitos oficiales. Cree que la banca privada debe prescindir del todo de estos fondos y dedicarse a atraer los dineros de las familias y las empresas. "Lo ideal es que la banca privada no tenga depósitos públicos y que se dedique a hacer intermediación, a captar los depósitos de los venezolanos antes que disputarse los recursos del Estado", sostiene el también dirigente nacional del PSUV. Cabezas considera que los recursos públicos deben colocarse en la banca pública, a excepción de aquellos destinados a financiar el gasto ordinario, como es el caso de las nóminas o el situado constitucional. "Creo que no deberían generar intereses, pues es tal la magnitud de estos recursos que agregan dinero inorgánico a la economía", afirma. Agrega que al interior del Gobierno se ha reiterado la instrucción de colocar estos fondos en los bancos del Estado, orden que encuentra resistencia en las tesorerías de los organismos. "Había una razón para no hacerlo, de tipo técnica y de eficacia administrativa, y es que la banca pública no tenía una red de agencias que cubriera todo el territorio nacional para dar atención eficaz al pago de las nóminas. Con el Banco de Venezuela y el Bicentenario esa razón comienza a ser superada". La eficacia administrativa es un planteamiento legítimo, pero muchas veces encubre la intención dolosa de obtener provecho con las colocaciones. "Además del tema de la negociación de puntos, está la generación de recursos inorgánicos a la que se ve obligada la banca privada para honrar los intereses", apunta el economista. Rodrigo Cabezas propone retomar la idea original que llevó a la creación del Banco del Tesoro, la existencia de un gran centro operador de los dineros públicos.
Para el ex ministro de Finanzas, de la situación generada en estos ocho bancos se desprenden varias enseñanzas. La primera es que, a su juicio, se reafirma el papel supervisor del Estado. "Por vía legislativa o a través de resoluciones de la Sudeban se van a ampliar y profundizar la competencias del Estado en áreas como inteligencia financiera, auditoría financiera y en los manejos diarios de tesorería en la banca pública y privada".
El vuelo del cometa
Francisco Faraco, consultor financiero, coloca el origen del problema en el año 2003, cuando comenzó a crecer el endeudamiento interno por parte del Estado. "Desde entonces ha habido un elevadísimo nivel de fondos públicos en la banca. En la Cuarta República el total de fondos oficiales manejados por la banca no superaba 3%, en la Quinta ha llegado a 18%, existe un enorme tráfico de influencias. Se ha llegado al extremo de que la República apalanca la compra de títulos públicos. El Gobierno se endeuda a tasa activa para dejarle la tasa pasiva a la banca", advierte. Faraco no tiene dudas de que en los bancos intervenidos había una hiperconcentración de fondos públicos, tanto en función de los pasivos como del patrimonio. El analista explica cómo funciona el negocio de las colocaciones estatales. El modus operandi, dice, es que el tesorero que dispone de fondos manda a un emisario, conocido como el cometa, quien "subasta" el depósito entre sus contactos dentro de los bancos. Las propuestas vienen en forma de puntos y aquel que haga el mejor ofrecimiento recibe el depósito, previo pago de las comisiones. "Cuando depositas en bancos malos, en los taburetes, te pagan tasas altísimas. El cometa es un simple mandadero", afirma. Agrega que este negocio es muy fácil de descubrir, basta con comparar la tasa a la que se ha pactado el depósito con la del mercado mediante una simple auditoría. Es por ello que el tráfico de depósitos ocurre muy rara vez con fondos privados, pues en estos casos el daño patrimonial quedará en evidencia. Francisco Faraco recuerda que el Banco del Tesoro se creó para que distribuyera los recursos estatales de un modo más profesional: "Pero no ha sido así, ha dado préstamos hasta para el consumo, ofrece tarjetas de crédito, maneja fideicomisos, se ha convertido en un banco más y nadie respetó el papel centralizador que le fue atribuido". De acuerdo con el economista, las prácticas actuales afectaron profundamente el manejo de la hacienda pública. "Se implantaron esquemas informales, el primero de ellos es el Fondo para el Desarrollo Nacional. Nadie sabe qué pasa con los reales del Fonden, de los 53.000 millones de dólares que fueron guardados allí, no existe información acerca de cuánto queda, no presentan cuentas", sostiene. En cuanto a las consecuencias que tendrá la mayor presencia estatal en el mercado financiero venezolano, Francisco Faraco opina que será poco el efecto, pues considera que la mayoría de los clientes preferirá a los bancos privados, debido a la mala reputación del Estado como banquero. "El Banco Industrial de Venezuela se fundó en el año 1927, Banfoandes en 1959, ambos tienen dificultades. Vamos a ver cuánta cuota de mercado le queda al Estado a final de año. Cuando compraron el Banco de Venezuela llegaron a 11 puntos de cuota de mercado, apuesto a que pierden 2 puntos. Esta gente como llega se va, para todo es así", asegura el economista. Interrogado sobre la posibilidad de que la actual crisis se extienda a otras instituciones, Francisco Faraco responde que no, pues restringe el problema a un grupo de bancos "muy enchufados" al Gobierno que tenían problemas estructurales desde hace tiempo. Si embargo, advierte que existen fallas de otra naturaleza, pues la estructura del mercado conduce a la debilidad a un numeroso grupo de bancos que tienen cuota de mercado reducida, por lo que les cuesta obtener beneficios.
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