VenePirámides
Hugo Chávez ya cuenta con las leyes y herramientas que permitirán, en caso de resultar reelegido el 7 de octubre, acelerar velozmente la transición hacia una economía donde el Estado tendrá un enorme poder para impulsar el tejido comunal que responderá a sus directrices y, al mismo tiempo, reducir de una forma más decidida el peso del sector privado.
El Estado ya controla los precios, las tasas de interés, quién recibe o no divisas, todas las empresas de sectores que considere estratégicos, comienza a regular las ganancias, puede expropiar, la Asamblea Nacional se dispone a otorgarle el poder de crear monopolios y, además, está decidido a acrecentar un sistema comunal que, todo indica, derivará en mayor centralismo.
La economía comunal ya tiene todas sus leyes aprobadas (Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Transferencia, entre otras) y el ingreso petrolero, junto a la emisión de deuda, permitirán su expansión de la mano del Estado.
El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas serán formadas por agrupaciones de ciudadanos organizados conocidos como consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas que asumirán atribuciones que hoy pertenecen a las gobernaciones y alcaldías, mientras que el banco comunal administrará el dinero que fluirá desde el Estado y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal. Actualmente ya existen 41 mil consejos comunales y el plan es crear 21 mil más durante los próximos cuatro años, así como tres mil bancos comunales en vista de los recursos que fluirán hacia el sistema que deberá cristalizar en el surgimiento de 30 mil empresas comunales. Las empresas comunales serán la expresión del hombre nuevo. Sus integrantes "no tienen derecho o participación sobre el patrimonio" y el reparto de ganancias, que en la ley se menciona como "excedentes económicos", cuando existan, "se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad". Los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva de la empresa se harán a través de "asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular" y no podrán asociarse con "sociedades mercantiles o compañías de comercio" y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.
Hugo Chávez ha explicado que el objetivo de las comunas es "entregarle más poder al pueblo", pero la madeja de leyes tienen un conjunto de disposiciones que entregan al Estado un gran dominio. Ronald Balza, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, resume en un análisis de la normativa que "este es un sistema donde el Estado articula las cadenas productivas, adquiere los productos de las organizaciones, contrata en su nombre intercambios internacionales, vela por la "justicia" de los intercambios y puede mantener la propiedad pública de los medios de producción". Forzosamente el plan de vuelo del chavismo para los próximos años es continuar reduciendo al sector privado a fin de lograr la "radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso", de hecho, la Ley Antimonopolio que aprobará la Asamblea Nacional podría declarar como ilegal las operaciones de empresas emblemáticas. El proyecto es impulsar la pequeña y mediana empresa privada y crear asociaciones donde el Estado tendrá al menos 40% de las acciones. Para promover estas asociaciones el Gobierno ofrecerá crédito barato, dinero de fondos especiales, acceso a las compras del Estado y exoneración de pago de impuestos. Todo parece engranar pero la pieza suelta en la maquinaria es que tanto las empresas comunales como las conjuntas dependerán del Estado y, consideran analistas, difícilmente podrán desarrollarse hasta alcanzar el tamaño que les permita exportar y ayudar a que la economía venezolana supere su principal debilidad: la dependencia en el petróleo. Si el barril perdiese brillo difícilmente el gasto público podría seguir soportando el edificio en construcción, según reportó el diario El Universal.
El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas serán formadas por agrupaciones de ciudadanos organizados conocidos como consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas que asumirán atribuciones que hoy pertenecen a las gobernaciones y alcaldías, mientras que el banco comunal administrará el dinero que fluirá desde el Estado y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal. Actualmente ya existen 41 mil consejos comunales y el plan es crear 21 mil más durante los próximos cuatro años, así como tres mil bancos comunales en vista de los recursos que fluirán hacia el sistema que deberá cristalizar en el surgimiento de 30 mil empresas comunales. Las empresas comunales serán la expresión del hombre nuevo. Sus integrantes "no tienen derecho o participación sobre el patrimonio" y el reparto de ganancias, que en la ley se menciona como "excedentes económicos", cuando existan, "se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad". Los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva de la empresa se harán a través de "asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular" y no podrán asociarse con "sociedades mercantiles o compañías de comercio" y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.
Hugo Chávez ha explicado que el objetivo de las comunas es "entregarle más poder al pueblo", pero la madeja de leyes tienen un conjunto de disposiciones que entregan al Estado un gran dominio. Ronald Balza, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, resume en un análisis de la normativa que "este es un sistema donde el Estado articula las cadenas productivas, adquiere los productos de las organizaciones, contrata en su nombre intercambios internacionales, vela por la "justicia" de los intercambios y puede mantener la propiedad pública de los medios de producción". Forzosamente el plan de vuelo del chavismo para los próximos años es continuar reduciendo al sector privado a fin de lograr la "radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso", de hecho, la Ley Antimonopolio que aprobará la Asamblea Nacional podría declarar como ilegal las operaciones de empresas emblemáticas. El proyecto es impulsar la pequeña y mediana empresa privada y crear asociaciones donde el Estado tendrá al menos 40% de las acciones. Para promover estas asociaciones el Gobierno ofrecerá crédito barato, dinero de fondos especiales, acceso a las compras del Estado y exoneración de pago de impuestos. Todo parece engranar pero la pieza suelta en la maquinaria es que tanto las empresas comunales como las conjuntas dependerán del Estado y, consideran analistas, difícilmente podrán desarrollarse hasta alcanzar el tamaño que les permita exportar y ayudar a que la economía venezolana supere su principal debilidad: la dependencia en el petróleo. Si el barril perdiese brillo difícilmente el gasto público podría seguir soportando el edificio en construcción, según reportó el diario El Universal.
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