VenePirámides
El Frente Autónomo de Defensa del Salario, el Empleo y el Sindicato denunció que el Ejecutivo ordenó a los organismos del Estado detener la tramitación de adelantos de prestaciones sociales solicitados por los trabajadores del sector público.
Dick Guanique, dirigente del Fadess, informó que hace tres días se dio la instrucción de evitar la desbandada de retiros ocurrida en las empresas privadas luego del anuncio, el fin de semana pasado, del presidente Hugo Chávez sobre la creación de un fondo nacional de prestaciones sociales del sector público y privado manejado por el Gobierno.
El sindicalista dijo que los empleados y obreros de las instituciones públicas también sintieron temor ante la posibilidad de perder su dinero producto de un derecho que reconoce la antigüedad en el trabajo. Agregó que varios organismos hicieron llegar a Fadess los comunicados, pero los trabajadores pidieron confidencialidad ante posibles represalias.
"Exigimos que el presidente Chávez, no sus adeptos, aclare lo relativo al fondo, como lo hizo cuando suspendió la medida de racionamiento eléctrico en Caracas", expresó Guanique.
El Gobierno, agregó, tomó nota del gran rechazo que causó el anuncio del fondo porque eso representaría votos en contra. "Es tentador manejar recursos de mil millones de dólares, equivalentes a 20% del PIB de las prestaciones", dijo Guanique.
Sin embargo, el dirigente sindical advirtió sobre los posibles daños financieros a las empresas. Citó como ejemplo una factoría en Cumaná, de cuya nómina de 128 trabajadores 120 solicitaron adelantos de sus prestaciones sociales.
Guanique se refirió a las declaraciones de Antonio Espinoza Prieto, miembro de la comisión presidencial que elabora la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que defendió el fondo de prestaciones sociales, que él propuso en 1969 y que contó con el apoyo de AD, Copei y senadores provenientes del movimiento sindical.
Recordó que en ese año, la Constitución era otra, pues la carta magna actual ordena la retroactividad de las prestaciones sociales, cuyo pago es inmediato y en efectivo, además de que la competencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo es de la Asamblea.
Deuda del Estado. Pablo Medina, del Movimiento Laborista, envió al Parlamento un proyecto de ley especial que propone la creación de un fondo único, con un capital inicial de 9 millardos de dólares, para cancelar en efectivo una porción de la deuda por prestaciones sociales que tiene el Estado con sus trabajadores.
Señaló que la Constitución dispone el pago de prestaciones de manera inmediata y en moneda de curso legal, por lo que la cancelación en bonos no procedería. Sin embargo, dado que se trata de un monto importante 19 millardos de dólares- la deuda se cancelaría parte en efectivo y parte en papeles de acuerdo con la antigüedad del trabajador.
La propuesta de Medina prevé que los trabajadores con entre 20 y 10 años de servicio cobren 80% de la deuda en efectivo y 20% en bonos. Para los empleados con carreras de 10 y 5 años la proporción es 60% en moneda de curso legal y 40% en papeles, mientras que para la antigüedad menor a 5 años es 50% y 50%, respectivamente. El capital inicial lo aportarían Pdvsa Social (6 millardos de dólares) y el Fonden, Fondo Chino y Fondo Miranda, con 1 millardo de dólares cada uno, según reportó el diario El Nacional.
El Frente Autónomo de Defensa del Salario, el Empleo y el Sindicato denunció que el Ejecutivo ordenó a los organismos del Estado detener la tramitación de adelantos de prestaciones sociales solicitados por los trabajadores del sector público.
Dick Guanique, dirigente del Fadess, informó que hace tres días se dio la instrucción de evitar la desbandada de retiros ocurrida en las empresas privadas luego del anuncio, el fin de semana pasado, del presidente Hugo Chávez sobre la creación de un fondo nacional de prestaciones sociales del sector público y privado manejado por el Gobierno.
El sindicalista dijo que los empleados y obreros de las instituciones públicas también sintieron temor ante la posibilidad de perder su dinero producto de un derecho que reconoce la antigüedad en el trabajo. Agregó que varios organismos hicieron llegar a Fadess los comunicados, pero los trabajadores pidieron confidencialidad ante posibles represalias.
"Exigimos que el presidente Chávez, no sus adeptos, aclare lo relativo al fondo, como lo hizo cuando suspendió la medida de racionamiento eléctrico en Caracas", expresó Guanique.
El Gobierno, agregó, tomó nota del gran rechazo que causó el anuncio del fondo porque eso representaría votos en contra. "Es tentador manejar recursos de mil millones de dólares, equivalentes a 20% del PIB de las prestaciones", dijo Guanique.
Sin embargo, el dirigente sindical advirtió sobre los posibles daños financieros a las empresas. Citó como ejemplo una factoría en Cumaná, de cuya nómina de 128 trabajadores 120 solicitaron adelantos de sus prestaciones sociales.
Guanique se refirió a las declaraciones de Antonio Espinoza Prieto, miembro de la comisión presidencial que elabora la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que defendió el fondo de prestaciones sociales, que él propuso en 1969 y que contó con el apoyo de AD, Copei y senadores provenientes del movimiento sindical.
Recordó que en ese año, la Constitución era otra, pues la carta magna actual ordena la retroactividad de las prestaciones sociales, cuyo pago es inmediato y en efectivo, además de que la competencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo es de la Asamblea.
Deuda del Estado. Pablo Medina, del Movimiento Laborista, envió al Parlamento un proyecto de ley especial que propone la creación de un fondo único, con un capital inicial de 9 millardos de dólares, para cancelar en efectivo una porción de la deuda por prestaciones sociales que tiene el Estado con sus trabajadores.
Señaló que la Constitución dispone el pago de prestaciones de manera inmediata y en moneda de curso legal, por lo que la cancelación en bonos no procedería. Sin embargo, dado que se trata de un monto importante 19 millardos de dólares- la deuda se cancelaría parte en efectivo y parte en papeles de acuerdo con la antigüedad del trabajador.
La propuesta de Medina prevé que los trabajadores con entre 20 y 10 años de servicio cobren 80% de la deuda en efectivo y 20% en bonos. Para los empleados con carreras de 10 y 5 años la proporción es 60% en moneda de curso legal y 40% en papeles, mientras que para la antigüedad menor a 5 años es 50% y 50%, respectivamente. El capital inicial lo aportarían Pdvsa Social (6 millardos de dólares) y el Fonden, Fondo Chino y Fondo Miranda, con 1 millardo de dólares cada uno, según reportó el diario El Nacional.
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