Más sobre Antigua y Barbuda (y las demás jurisdicciones bananeras)

El Gobierno de Antigua y Barbuda declaró el miércoles 25 de febrero que daría pasos “para adquirir con fines públicos” más de 250 acres (unas 100 hectáreas) de tierras que pertenecen a Allen Stanford y sus empresas. Citando la necesidad de “proteger la economía nacional”, el gobierno señaló que la propuesta, hecha por el Procurador General, sería presentada ante una sesión de emergencia del Congreso el día Jueves 26 de Febrero. Una lista de los inmuebles requeridos con “fines públicos” incluye los edificios que albergan a Stanford International Bank (SIB), las empresas de Stanford y propiedades para ser desarrolladas.

Al explicar su decisión de confiscar las propiedades de Stanford, el gobierno señaló que la designación por un Tribunal del Estado de Texas de un “Receiver” (síndico) para tomar posesión de los activos de Stanford amenaza “la viabilidad financiera del Banco de Antigua, el pago oportuno de las masivas deudas de las empresas de Stanford a sus suplidores locales y el empleo de más de 800 personas en un momento de crisis global”.

Aún no hay un informe del síndico designado por las “autoridades” bancarias de Antigua y Barbuda sobre el estado de SIB, y menos aún una sentencia determinando que hubo fraude, y ya los políticos isleños sacaron las garras para apoderarse de los despojos de Stanford International Bank, sin importar las deudas que SIB mantiene con sus depositantes, que en última instancia fueron quienes fondearon a SIB y a Stanford para comprar esas propiedades. La reacción del Gobierno de Antigua y Barbuda es propia de toda jurisdicción bananera en la que la Ley no es lo que impera. Insistimos por eso que es importante que su banco opere en una jurisdicción seria, como indicamos en nuestro post del 22 de febrero