VenePirámides
El Nuevo Herald reportó que autoridades federales de Estados Unidos llegaron a un acuerdo con los abogados de un banco venezolano en Puerto Rico que está bajo investigación criminal por sospechas de lavado de dinero del narcotráfico, según un documento radicado por la Fiscalía en una corte federal de la isla.
Agentes de la Dirección federal de Lucha contra las Drogas (DEA) congelaron el año pasado $48 millones del Caracas International Banking Corporation (CIBC), un banco venezolano con sede en San Juan.
En la intervención, los agentes sostuvieron que el banco facilitó operaciones de lavado a Walid Makled, empresario sirio-venezolano acusado de tener vínculos con un narcotraficante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un reporte sin precedentes en el que se fundamentó la incautación de los fondos, la DEA reveló por primera vez detalles de la conexión de las FARC en Venezuela y el acceso de un operador de la guerrilla a Puerto Cabello, uno de los principales terminales marítimos de ese país, controlado por miembros de la familia Makled.
De acuerdo con la DEA, Makled se asoció con el colombiano José María Corredor, alias El Boyaco, considerado como ``el más prolífico negociador de armas por drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)'', según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.
Makled ha negado categóricamente las acusaciones con el argumento de que se basan en investigaciones de autoridades venezolanas políticamente motivadas.
Mientras se realizaba la investigación criminal y avanzaba el proceso civil de confiscación de los fondos en Puerto Rico, los abogados del banco y los fiscales llegaron a un acuerdo, afirma el documento presentado por la fiscal adjunta, Teresa Zapata Valladares, la semana pasada en San Juan.
Los términos del convenio no han sido revelados por cuanto la propuesta está pendiente de aprobación de la División de Lavado de Dinero y Confiscación de Bienes del Departamento del Tesoro, agrega el documento, que pide una extensión al juez que preside el caso civil de incautación en Puerto Rico.
De ordinario, dichos arreglos obligan a los bancos a pagar una multa, pero dejan fuera del dominio público los detalles del desarrollo de la investigación criminal.
El congelamiento de los fondos del banco afectó a varias casas de corretaje de Venezuela, algunas de las cuales demandaron al CIBC argumentando que el banco engañó a estas firmas y no tomó las medidas de precaución que exigen las prácticas bancarias.
El Nuevo Herald reportó que autoridades federales de Estados Unidos llegaron a un acuerdo con los abogados de un banco venezolano en Puerto Rico que está bajo investigación criminal por sospechas de lavado de dinero del narcotráfico, según un documento radicado por la Fiscalía en una corte federal de la isla.
Agentes de la Dirección federal de Lucha contra las Drogas (DEA) congelaron el año pasado $48 millones del Caracas International Banking Corporation (CIBC), un banco venezolano con sede en San Juan.
En la intervención, los agentes sostuvieron que el banco facilitó operaciones de lavado a Walid Makled, empresario sirio-venezolano acusado de tener vínculos con un narcotraficante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un reporte sin precedentes en el que se fundamentó la incautación de los fondos, la DEA reveló por primera vez detalles de la conexión de las FARC en Venezuela y el acceso de un operador de la guerrilla a Puerto Cabello, uno de los principales terminales marítimos de ese país, controlado por miembros de la familia Makled.
De acuerdo con la DEA, Makled se asoció con el colombiano José María Corredor, alias El Boyaco, considerado como ``el más prolífico negociador de armas por drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)'', según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.
Makled ha negado categóricamente las acusaciones con el argumento de que se basan en investigaciones de autoridades venezolanas políticamente motivadas.
Mientras se realizaba la investigación criminal y avanzaba el proceso civil de confiscación de los fondos en Puerto Rico, los abogados del banco y los fiscales llegaron a un acuerdo, afirma el documento presentado por la fiscal adjunta, Teresa Zapata Valladares, la semana pasada en San Juan.
Los términos del convenio no han sido revelados por cuanto la propuesta está pendiente de aprobación de la División de Lavado de Dinero y Confiscación de Bienes del Departamento del Tesoro, agrega el documento, que pide una extensión al juez que preside el caso civil de incautación en Puerto Rico.
De ordinario, dichos arreglos obligan a los bancos a pagar una multa, pero dejan fuera del dominio público los detalles del desarrollo de la investigación criminal.
El congelamiento de los fondos del banco afectó a varias casas de corretaje de Venezuela, algunas de las cuales demandaron al CIBC argumentando que el banco engañó a estas firmas y no tomó las medidas de precaución que exigen las prácticas bancarias.
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