VenePirámides
Al restringir los precios la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda elimina la posibilidad de que exista un mercado libre en el sector de la construcción, advirtió Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio Económico y Legal de Cedice. "Se convierte a las empresas privadas que operan en el sector en simples ejecutoras de las políticas del Ejecutivo, es decir, una suerte de concesionarios sin garantías".
Explicó que el artículo 3, numerales 9, 10 y 11, deja prácticamente fuera del mercado a los operadores privados. En este articulado el Gobierno establece que se fijarán parámetros y bandas de precios del metro cuadrado, de terrenos y de construcción para viviendas, de acuerdo con la estructura de costos y el interés social. Así se pretende acabar con la especulación y la usura en materia de tierra, vivienda y hábitat, y se limita el financiamiento público y privado para la construcción de viviendas en los planes de Ejecutivo. Herrera también considera peligroso que se regulen precios de insumos, materiales y equipos para la construcción, pues se causar escasez.
Advierte que el Estado será el gran propietario de las viviendas y sostiene que al no darles los títulos a los ciudadanos, sino derecho de adjudicación o propiedad familiar, las personas no podrán vender, alquilar o disponer de sus bienes libremente. "Los adjudicatarios no tendrán posibilidad de goce o disposición sobre la vivienda y se viola el artículo 115 de la Constitución.", agregó el investigador de Cedice, según reportó el diario El Nacional.
Al restringir los precios la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda elimina la posibilidad de que exista un mercado libre en el sector de la construcción, advirtió Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio Económico y Legal de Cedice. "Se convierte a las empresas privadas que operan en el sector en simples ejecutoras de las políticas del Ejecutivo, es decir, una suerte de concesionarios sin garantías".
Explicó que el artículo 3, numerales 9, 10 y 11, deja prácticamente fuera del mercado a los operadores privados. En este articulado el Gobierno establece que se fijarán parámetros y bandas de precios del metro cuadrado, de terrenos y de construcción para viviendas, de acuerdo con la estructura de costos y el interés social. Así se pretende acabar con la especulación y la usura en materia de tierra, vivienda y hábitat, y se limita el financiamiento público y privado para la construcción de viviendas en los planes de Ejecutivo. Herrera también considera peligroso que se regulen precios de insumos, materiales y equipos para la construcción, pues se causar escasez.
Advierte que el Estado será el gran propietario de las viviendas y sostiene que al no darles los títulos a los ciudadanos, sino derecho de adjudicación o propiedad familiar, las personas no podrán vender, alquilar o disponer de sus bienes libremente. "Los adjudicatarios no tendrán posibilidad de goce o disposición sobre la vivienda y se viola el artículo 115 de la Constitución.", agregó el investigador de Cedice, según reportó el diario El Nacional.
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