VenePirámides
Frigoríficos Ordaz es una de las once empresas expropiadas por el Gobierno, entre 2009 y 2010, en Ciudad Guayana. Su suerte ha sido la misma que la del resto de las compañías estatizadas: ha caído la productividad, es débil el flujo de caja y reina la conflictividad laboral.
Friosa, que antes de la medida atendía 80% del estado Bolívar, hoy tiene sus cavas y depósitos vacíos y están desabastecidos los supermercados Koma y Delicateses La Fuente, incluso, algunas sucursales fueron cerradas por Sanidad.
El deterioro se nota en los mercados a los que acuden los guayaneses. Ya no se dispone de gran variedad de embutidos, ni productos importados.
Es irregular el suministro de carne y pollo, y hay menos variedad de frutas y legumbres.
Durante este período han suspendido, en varias oportunidades, la elaboración de panes y comidas para el despacho al público.
Los trabajadores que propiciaron la medida ahora están en desacuerdo con las decisiones que está tomando el Ejecutivo con respecto a la distribuidora de alimentos. Culpan a la junta interventora por el deterioro.
A principio de 2010, cuando se pensaba que la política de expropiaciones en Guayana se había desacelerado, el Gobierno puso su mirada en la importadora y comercializadora de alimentos Friogorífico Ordaz, con 46 años de trayectoria en la región. La empresa se dedicaba a la compra, almacenaje, venta y distribución de una extensa variedad de productos refrigerados y congelados al por mayo. Era uno de los abastecedores de buques más grandes en el ámbito nacional, con una red propia de transporte mediano y pesado para la distribución y reparto a domicilio de los clientes.
Era la primera vez que el Ejecutivo se fijaba en una empresa no perteneciente al área ferrosiderúrgica. La ocupación forzosa procedió con el argumento de que frutas y alimentos, provenientes del contrabando, eran acaparadas en el frigorífico. Las quejas en el área laboral también aceleraron la toma.
Para emprender la investigación, el Gobierno se basó en el numeral 2 del artículo 119 de la Ley del Indepabis. El 7 de septiembre, desde la Termoeléctrica Termozulia II, Chávez anunció la medida de expropiación sobre el Complejo Hermanos García, que comprende las 7 sucursales de Friosa, Inversiones Koma y Delicateses La Fuente. Hasta esa fecha habían transcurrido 106 días de ocupación temporal e intervención administrativa.
Los días precedentes a la expropiación no fueron precisamente de tranquilidad. La confrontación entre trabajadores y la junta interventora, integrada por funcionarios del SADA, el Indepabis y Mercal, fue de tal tensión que el ministro de Comercio, Richard Canán, tuvo que viajar a Guayana para calmar los ánimos y garantizar la estabilidad laboral.
Los responsables de la administración reconocen que hay desabastecimiento y serias fallas en la distribución de productos, pero atribuyen la situación a las deudas por cobrar que tiene la compañía con las empresas básicas por la entrega mensual de 25.000 comidas. Al 31 de diciembre de 2010 las empresas estatales debían a Friosa más de 42 millones de bolívares, según fuentes ligadas a la empresa.
El teniente coronel Enrique Abreu, funcionario del Ministerio de Alimentación e integrante de la junta interventora de Friosa, afirmó que los problemas financieros se deben a varios factores. "Cuando la junta interventora llegó en mayo e hicimos el análisis nos dimos cuenta de que los antiguos dueños nos dejaron sin recursos", argumentó en una rueda de prensa. "Con lo único que contábamos era con lo que estaba en nuestros anaqueles. Sacamos una relación entre lo que se vende en Friosa y lo que va a los comedores y hay una desproporción grande", agregó.
Abreu señaló que 70% de la comida de Friosa va a los comedores de Edelca, CVG Bauxilum, Ferroven, Sidetur y Venprecar, entre otras. El resto se distribuye en los locales como Koma y La Fuente, según reportó el diario El Nacional.
Los trabajadores de Friosa en esos comedores han liderado protestas por la poca calidad y variedad de los productos que llegan para la fabricación de alimentos, con lo cual deben repetir menús y a veces suspender el servicio por el bajo inventario.
Abreu reconoció que ha bajado la calidad: "Es difícil para nosotros volver a abastecer si tenemos estas deudas", alegó.
La idea de la junta interventora es hacer un plan para la incorporación de pequeños productores, que, en ocasiones, no tienen donde colocar sus cosechas. Actualmente, el PSUV realiza un censo para estudiar la posibilidad de incorporar a los campesinos en esta tarea.
Incapacidad gerencial Los trabajadores, sin embargo, si bien reconocen la precaria situación financiera de la empresa, tribuyen el desabastecimiento a la incapacidad gerencial de la junta interventora.
La Gaceta Oficial 39524, del 5 de octubre de 2010, publicó la expropiación de Friosa con el argumento de que los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y demás bienhechurías del grupo son requeridas para la consolidación del "desarrollo de la red de distribución socialista de productos de primera necesidad", destinada a la correcta distribución de alimentos.
El Ejecutivo designó como responsable de la administración al Ministerio de Comercio y en el documento se señala que los trabajadores tendrán participación preferente "de manera organizada, conforme a las necesidades de operatividad de dicha obra y mediante manifestación expresa de voluntad ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social".
Precisamente sobre este punto es que se ha generado una nueva conflictividad. Los trabajadores que solicitaron la expropiación denuncian las condiciones precarias de Friosa y la toma de decisiones a espaldas de los más de 3.000 empleados.
Harvis Araque, vocero principal del Consejo Socialista de Trabajadores, declaró que están esperando que los organismos correspondientes opinen acerca del reclamo que han hecho sobre la incapacidad de los funcionarios de manejar eficientemente Friosa.
"Queremos que las autoridades se pronuncien. Estas denuncias ya se las hemos formulado a los ministerios de Comercio, Comunas y Alimentación, así como a la Vicepresidencia de la República. Pero nadie ha fijado posición sobre las irregularidades cometidas por la junta interventora en cuanto al mal manejo de la compañía y el acoso hacia los trabajadores".
El dirigente destacó que el Consejo Socialista de Trabajadores está comprometido con la revolución y esperan que no los tilden de "guarimberos" por su posición crítica.
"Todas las personas que están ingresando lo hacen de manera arbitraria. El control obrero no se está ejerciendo aquí, ellos no nos dan participación en la toma de decisiones. Nosotros le dimos un pliego de peticiones para que nos explicaran cómo se estaba administrando la empresa, de dónde venían los recursos y cómo se estaban administrando y no tenemos respuesta".
Subrayó que el control obrero está organizado y que no permitirán que se les den órdenes.
"Nosotros no estamos aquí para que ellos nos den órdenes, no, nosotros estamos aquí para hacerles contraloría y velar por los bienes de la empresa".
Jorge Figueroa, otro miembro del Consejo Socialista de Trabajadores, dijo que lo que está pasando en la comercializadora no es casualidad. A su juicio, obedece a un plan de "quintas columnas" que buscan el fracaso de los trabajadores. Contó que mediante el plan Guayana socialista han tenido formación política para desarrollar el control obrero y, sin embargo, sus recomendaciones son ignoradas. Sospechan que la empresa tramita unas 10 calificaciones de despido contra los integrantes del consejo de trabajadores.
Admite que la situación de la empresa es "muy precaria", pero está absolutamente de acuerdo con la estatización y desea que los trabajadores tengan voz y voto en la junta interventora.
Para otros trabajadores dedicados al área logística, como Richard Bolívar, los reclamos reflejan una inconformidad.
Señaló que muchos de los que hacen las denuncias eran "los alborotadores de oficio de la compañía".
"Muchos de ellos fueron despedidos y cuando ocurre el proceso de intervención ellos son reenganchados para ver por qué fueron botados. Fueron reenganchados y la mayoría de quienes causan este revuelo son personas que han tenido mala conducta", afirmó Cree que lo fundamental para echar la empresa adelante es acordar un solo camino con el respaldo del Estado y de los trabajadores en general.
Frigoríficos Ordaz es una de las once empresas expropiadas por el Gobierno, entre 2009 y 2010, en Ciudad Guayana. Su suerte ha sido la misma que la del resto de las compañías estatizadas: ha caído la productividad, es débil el flujo de caja y reina la conflictividad laboral.
Friosa, que antes de la medida atendía 80% del estado Bolívar, hoy tiene sus cavas y depósitos vacíos y están desabastecidos los supermercados Koma y Delicateses La Fuente, incluso, algunas sucursales fueron cerradas por Sanidad.
El deterioro se nota en los mercados a los que acuden los guayaneses. Ya no se dispone de gran variedad de embutidos, ni productos importados.
Es irregular el suministro de carne y pollo, y hay menos variedad de frutas y legumbres.
Durante este período han suspendido, en varias oportunidades, la elaboración de panes y comidas para el despacho al público.
Los trabajadores que propiciaron la medida ahora están en desacuerdo con las decisiones que está tomando el Ejecutivo con respecto a la distribuidora de alimentos. Culpan a la junta interventora por el deterioro.
A principio de 2010, cuando se pensaba que la política de expropiaciones en Guayana se había desacelerado, el Gobierno puso su mirada en la importadora y comercializadora de alimentos Friogorífico Ordaz, con 46 años de trayectoria en la región. La empresa se dedicaba a la compra, almacenaje, venta y distribución de una extensa variedad de productos refrigerados y congelados al por mayo. Era uno de los abastecedores de buques más grandes en el ámbito nacional, con una red propia de transporte mediano y pesado para la distribución y reparto a domicilio de los clientes.
Era la primera vez que el Ejecutivo se fijaba en una empresa no perteneciente al área ferrosiderúrgica. La ocupación forzosa procedió con el argumento de que frutas y alimentos, provenientes del contrabando, eran acaparadas en el frigorífico. Las quejas en el área laboral también aceleraron la toma.
Para emprender la investigación, el Gobierno se basó en el numeral 2 del artículo 119 de la Ley del Indepabis. El 7 de septiembre, desde la Termoeléctrica Termozulia II, Chávez anunció la medida de expropiación sobre el Complejo Hermanos García, que comprende las 7 sucursales de Friosa, Inversiones Koma y Delicateses La Fuente. Hasta esa fecha habían transcurrido 106 días de ocupación temporal e intervención administrativa.
Los días precedentes a la expropiación no fueron precisamente de tranquilidad. La confrontación entre trabajadores y la junta interventora, integrada por funcionarios del SADA, el Indepabis y Mercal, fue de tal tensión que el ministro de Comercio, Richard Canán, tuvo que viajar a Guayana para calmar los ánimos y garantizar la estabilidad laboral.
Los responsables de la administración reconocen que hay desabastecimiento y serias fallas en la distribución de productos, pero atribuyen la situación a las deudas por cobrar que tiene la compañía con las empresas básicas por la entrega mensual de 25.000 comidas. Al 31 de diciembre de 2010 las empresas estatales debían a Friosa más de 42 millones de bolívares, según fuentes ligadas a la empresa.
El teniente coronel Enrique Abreu, funcionario del Ministerio de Alimentación e integrante de la junta interventora de Friosa, afirmó que los problemas financieros se deben a varios factores. "Cuando la junta interventora llegó en mayo e hicimos el análisis nos dimos cuenta de que los antiguos dueños nos dejaron sin recursos", argumentó en una rueda de prensa. "Con lo único que contábamos era con lo que estaba en nuestros anaqueles. Sacamos una relación entre lo que se vende en Friosa y lo que va a los comedores y hay una desproporción grande", agregó.
Abreu señaló que 70% de la comida de Friosa va a los comedores de Edelca, CVG Bauxilum, Ferroven, Sidetur y Venprecar, entre otras. El resto se distribuye en los locales como Koma y La Fuente, según reportó el diario El Nacional.
Los trabajadores de Friosa en esos comedores han liderado protestas por la poca calidad y variedad de los productos que llegan para la fabricación de alimentos, con lo cual deben repetir menús y a veces suspender el servicio por el bajo inventario.
Abreu reconoció que ha bajado la calidad: "Es difícil para nosotros volver a abastecer si tenemos estas deudas", alegó.
La idea de la junta interventora es hacer un plan para la incorporación de pequeños productores, que, en ocasiones, no tienen donde colocar sus cosechas. Actualmente, el PSUV realiza un censo para estudiar la posibilidad de incorporar a los campesinos en esta tarea.
Incapacidad gerencial Los trabajadores, sin embargo, si bien reconocen la precaria situación financiera de la empresa, tribuyen el desabastecimiento a la incapacidad gerencial de la junta interventora.
La Gaceta Oficial 39524, del 5 de octubre de 2010, publicó la expropiación de Friosa con el argumento de que los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y demás bienhechurías del grupo son requeridas para la consolidación del "desarrollo de la red de distribución socialista de productos de primera necesidad", destinada a la correcta distribución de alimentos.
El Ejecutivo designó como responsable de la administración al Ministerio de Comercio y en el documento se señala que los trabajadores tendrán participación preferente "de manera organizada, conforme a las necesidades de operatividad de dicha obra y mediante manifestación expresa de voluntad ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social".
Precisamente sobre este punto es que se ha generado una nueva conflictividad. Los trabajadores que solicitaron la expropiación denuncian las condiciones precarias de Friosa y la toma de decisiones a espaldas de los más de 3.000 empleados.
Harvis Araque, vocero principal del Consejo Socialista de Trabajadores, declaró que están esperando que los organismos correspondientes opinen acerca del reclamo que han hecho sobre la incapacidad de los funcionarios de manejar eficientemente Friosa.
"Queremos que las autoridades se pronuncien. Estas denuncias ya se las hemos formulado a los ministerios de Comercio, Comunas y Alimentación, así como a la Vicepresidencia de la República. Pero nadie ha fijado posición sobre las irregularidades cometidas por la junta interventora en cuanto al mal manejo de la compañía y el acoso hacia los trabajadores".
El dirigente destacó que el Consejo Socialista de Trabajadores está comprometido con la revolución y esperan que no los tilden de "guarimberos" por su posición crítica.
"Todas las personas que están ingresando lo hacen de manera arbitraria. El control obrero no se está ejerciendo aquí, ellos no nos dan participación en la toma de decisiones. Nosotros le dimos un pliego de peticiones para que nos explicaran cómo se estaba administrando la empresa, de dónde venían los recursos y cómo se estaban administrando y no tenemos respuesta".
Subrayó que el control obrero está organizado y que no permitirán que se les den órdenes.
"Nosotros no estamos aquí para que ellos nos den órdenes, no, nosotros estamos aquí para hacerles contraloría y velar por los bienes de la empresa".
Jorge Figueroa, otro miembro del Consejo Socialista de Trabajadores, dijo que lo que está pasando en la comercializadora no es casualidad. A su juicio, obedece a un plan de "quintas columnas" que buscan el fracaso de los trabajadores. Contó que mediante el plan Guayana socialista han tenido formación política para desarrollar el control obrero y, sin embargo, sus recomendaciones son ignoradas. Sospechan que la empresa tramita unas 10 calificaciones de despido contra los integrantes del consejo de trabajadores.
Admite que la situación de la empresa es "muy precaria", pero está absolutamente de acuerdo con la estatización y desea que los trabajadores tengan voz y voto en la junta interventora.
Para otros trabajadores dedicados al área logística, como Richard Bolívar, los reclamos reflejan una inconformidad.
Señaló que muchos de los que hacen las denuncias eran "los alborotadores de oficio de la compañía".
"Muchos de ellos fueron despedidos y cuando ocurre el proceso de intervención ellos son reenganchados para ver por qué fueron botados. Fueron reenganchados y la mayoría de quienes causan este revuelo son personas que han tenido mala conducta", afirmó Cree que lo fundamental para echar la empresa adelante es acordar un solo camino con el respaldo del Estado y de los trabajadores en general.
En mi criterio de trabajador de friosa se ha tardado mucho el proceso para abastecer, y ya casi biene diciembre que es cuando mas vendia la compañia En mi criterio de trabajador de friosa se ha tardado mucho el proceso para abastecer, y ya casi biene diciembre que es cuando mas vendia la compañia
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