VenePirámides
El Gobierno necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda que hay en Venezuela, porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.
Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional según los expertos y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años 350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
El Estado en el período de enero a septiembre de 2010 terminó 11.000 viviendas, sin embargo en el mismo período de 2006 (una de las etapas de mayor producción) efectuó 46.600 casas, lo que muestra que en cuatro años la realización de soluciones habitacionales por parte de organismos públicos registró una caída de 76%.
El Ejecutivo Nacional pasó de anunciar la construcción 120.000 unidades anuales a la terminación de las casas pendientes, y en cada ejercicio son menos las soluciones que se culminan. Una de las razones de esa situación es que la inversión ha sido insuficiente y los recursos asignados se han ejecutado lentamente.
El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes, según reportó el diario El Nacional.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado.
Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
El Gobierno necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda que hay en Venezuela, porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.
Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional según los expertos y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años 350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
El Estado en el período de enero a septiembre de 2010 terminó 11.000 viviendas, sin embargo en el mismo período de 2006 (una de las etapas de mayor producción) efectuó 46.600 casas, lo que muestra que en cuatro años la realización de soluciones habitacionales por parte de organismos públicos registró una caída de 76%.
El Ejecutivo Nacional pasó de anunciar la construcción 120.000 unidades anuales a la terminación de las casas pendientes, y en cada ejercicio son menos las soluciones que se culminan. Una de las razones de esa situación es que la inversión ha sido insuficiente y los recursos asignados se han ejecutado lentamente.
El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes, según reportó el diario El Nacional.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado.
Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
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