En 2012 la política intervencionista del Gobierno en el sector privado experimentó una merma significativa. El Observatorio de Derecho de Propiedad de Liderazgo y Visión señala que el año pasado hubo 28 casos de violaciones de la propiedad privada, lo que representa una caída de 88,6% con respecto a las 246 registradas en 2011.
El notorio descenso es el argumento más contundente con que Felipe Benitez, director del observatorio, afirma que el Gobierno reconoció su fracaso como empresario. "Indiscutiblemente no obtuvo resultados satisfactorios en las empresas que tomó. Basta con hacer un repaso de cualquiera de las compañías que ha adquirido forzosamente o ha expropiado".
Dos ejemplos emblemáticos, según Benitez, son Lácteos Los Andes y Aceites Diana, las cuales fueron mostradas como los "buques insignias" del Ejecutivo en su papel de empresario.
"En ambos casos el Estado hizo un gran esfuerzo publicitario en medios públicos y privados para mostrar lo exitoso de las gestiones, pero en lo que se agudizó la escasez alimentaria hace año y medio, que afectó la leche y las oleaginosas, las piezas comunicacionales fueron retiradas totalmente hasta de los canales públicos".
Con la intervención en la gestión empresarial, dijo Benitez, se esperaba que mejoraran las condiciones laborales de los empleados y se elevara la producción porque tendrían estructuras de costos más bajas porque los trabajadores participarían activamente. Sin embargo, no hay señal de esto, afirmó.
Las pocas empresas estatales que logran producir lo hacen en niveles tan bajos que no obtienen ganancias. No escapan de la política errática macroeconómica: devaluaciones, escasez de insumos y materias primas, inflación y restricción para obtener dólares, agregó. En lo que se refiere a las mejoras de los empleados, el Estado suma una gran cantidad de contratos colectivos sin firmar.
"Los trabajadores no confían en la capacidad del Gobierno como empresario. Antes, frente a un conflicto laboral, solicitaban públicamente la intervención del Estado en la empresa donde laboraban. Ya no, al contrario, las veces que pueden dejan constancia de que no quieren que la compañía sea expropiada".
Desde el punto de vista político, Benitez explicó que el año pasado las violaciones de la propiedad privada bajaron básicamente por una razón: se trata de una estrategia que reposaba en su totalidad sobre el presidente Hugo Chávez, que el año pasado estuvo alejado de sus labores por trastornos de salud y por la campaña electoral.
"Por la enfermedad no podía mantener el ritmo de intervenciones de otros años, y por la campaña no era oportuno, pues está demostrado que la población rechaza este tipo de políticas", dijo.
Datos del observatorio muestran que a partir de 2003 se comenzaron a ver los primeros casos de violaciones de la propiedad, pero fue entre 2005 y 2009 cuando se profundizaron: se incrementaron 1.026%, al pasar de 23 casos a 374, lo que supone un alza interanual de 108%.
Ahora con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia, Benitez no ve cambios sustanciales en la política intervencionista del Estado. Señaló que mantendrá el ritmo lento de 2012 porque es una medida que "ya cumplió su efecto".
"Hoy, hasta el empresario más pequeño del país tiene presente que en cualquier momento le pueden expropiar su negocio. Eso era lo que quería el Gobierno, que el sector privado tuviera esa amenaza constantemente en la mente".
Las violaciones de la propiedad que se puedan producir, agregó Benitez, serán de política de mantenimiento, para recordar que el Estado tiene el poder y la capacidad de hacerlo.
El economista y profesor universitario Ronald Balza afirmó que el principal motivo del fracaso del Gobierno como empresario es que asume que es capaz de producir a bajos costos, y hace transferencias directa de los bienes y servicios, sin tomar en cuenta los elementos de mercado, oferta y demanda.
"Un ejemplo es el subsidio de la gasolina", añadió.
Afirmó que la política no es sostenible por mucho tiempo, y que inevitablemente conduce a pérdidas. "Con este esquema no hay rendimiento y los costos superan los ingresos, lo que es contrario al objetivo de toda empresa".
El economista recordó que la participación del Estado en el sector empresarial no es nueva, que fue muy popular en los años setenta y ochenta. Las consecuencias más evidentes, según Balza, es que se desmejora la calidad de los servicios y caen en obsolescencia tecnológica. La gran cantidad de deudas que acumularon le impedían mantener las operaciones de las compañías.
"Esto lo que hizo fue que a finales de los ochenta comenzaron a privatizarse empresas que años antes habían sido nacionalizadas. Los casos más representativos son los de La Electricidad de Caracas y Cantv", según reportó el diario El Nacional.
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