El Senado de Antigua y Barbuda acordó el pasado viernes 27 de febrero, luego de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, “confiscar” más de 250 acres (unas 100 hectáreas) de tierras que pertenecen a Allen Stanford y sus empresas. Una lista de los inmuebles requeridos con “fines públicos” incluye los edificios que albergan a Stanford International Bank (SIB), las empresas de Stanford y propiedades para ser desarrolladas.
No hubo mención alguna sobre la eventual compensación del Gobierno de Antigua y Barbuda a Stanford International Bank y a sus depositantes (que no son residentes de Antigua y por ende, políticamente irrelevantes) por el valor de los activos inmobiliarios confiscados.
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