VenePirámides
El proyecto de reforma a la Ley de Bancos declara a la banca de utilidad pública un paso que, de acuerdo con las observaciones entregadas por las entidades financieras a los diputados, podría tener consecuencias negativas para las líneas de crédito, un elemento importante para las operaciones de importación.
La declaración de utilidad pública, se traduce en que no haría falta la aprobación de la Asamblea Nacional en caso de que el Gobierno decida estatizar la banca, por tanto, las entidades financieras del exterior podrían tener dudas sobre la propiedad y revisarían sus líneas de crédito para los bancos privados en el país.
De suceder esto último las transacciones con cartas de crédito se verían afectadas. Básicamente, este es un mecanismo donde los bancos venezolanos, que representan a las empresas importadoras, le aseguran a una entidad financiera, que opera con el exportador, el pago de la mercancía.
Los bancos extranjeros que operan con el exportador permiten a las entidades financieras del país garantizar operaciones hasta determinados montos, que constituyen la línea de crédito que facilita las importaciones.
Los banqueros consideran que el servicio bancario es de interés público pero no de utilidad pública, y afirman que esta figura crea incertidumbre sobre la propiedad.
La Asociación Bancaria y el Consejo Bancario sólo tuvieron dos días para entregar sus observaciones al proyecto de reforma de la Ley.
Aparte de resaltar el tema de las líneas de crédito las observaciones indican que no es necesario reformar la Ley si el Gobierno quiere mejorar sus mecanismos de intervención en momentos de crisis o dirigir créditos hacia sectores que considere estratégicos porque las normas vigentes permiten alcanzar estos objetivos.
Además los banqueros señalan como desmedido el poder que se le otorga al auditor interno e indican que prácticamente pasa a tener más poder que la junta directiva.
Presidentes de entidades financieras consideran positivo que después de entregar las observaciones a la Asamblea, aparentemente, la Ley de Bancos ha salido de la agenda para lo que resta de año.
"Tal vez esto indica que el Gobierno está revisando el proyecto de reforma y es posible que se realicen modificaciones que permitan mejorar el texto", dice un banquero que prefiere reservar su nombre.
La banca venezolana se mueve en un entorno exigente. En un reporte fechado el 3 de noviembre Fitch resalta que si bien el sistema ha demostrado su capacidad de adaptación a un ambiente operativo adverso, signado por 18 meses de contracción económica y creciente regulación por parte del Gobierno, no es inmune a las aguas turbulentas.
La reducción en el diferencial entre la tasa de interés que la banca cobra por prestar y la que paga a los depositantes, elevadas provisiones y significativos gastos de funcionamiento han derivado en que las ganancias operativas se ubiquen en el nivel más bajo desde la crisis financiera vivida entre 1994 y 1995.
En 2009 las ganancias operativas, que principalmente reflejan el beneficio obtenido a través del corazón del negocio bancario como los préstamos y las inversiones en valores, se ubicaron en 1,6% de los activos, cuando el promedio de los diez años anteriores superó 4%, según reportó el diario El Universal.
Gracias a que la banca ha sido capaz de disminuir el costo de las captaciones incrementando el peso de los depósitos que reciben menor remuneración, y beneficios provenientes de la devaluación, las ganancias operativas aumentan hasta 2% de los activos en el primer semestre de este año y Fitch estima que se mantendrán en este nivel durante 2011.
La calificadora añade que las ganancias representarán 20% del patrimonio, una magnitud inadecuada para compensar la elevada inflación que padece Venezuela.
El proyecto de reforma a la Ley de Bancos declara a la banca de utilidad pública un paso que, de acuerdo con las observaciones entregadas por las entidades financieras a los diputados, podría tener consecuencias negativas para las líneas de crédito, un elemento importante para las operaciones de importación.
La declaración de utilidad pública, se traduce en que no haría falta la aprobación de la Asamblea Nacional en caso de que el Gobierno decida estatizar la banca, por tanto, las entidades financieras del exterior podrían tener dudas sobre la propiedad y revisarían sus líneas de crédito para los bancos privados en el país.
De suceder esto último las transacciones con cartas de crédito se verían afectadas. Básicamente, este es un mecanismo donde los bancos venezolanos, que representan a las empresas importadoras, le aseguran a una entidad financiera, que opera con el exportador, el pago de la mercancía.
Los bancos extranjeros que operan con el exportador permiten a las entidades financieras del país garantizar operaciones hasta determinados montos, que constituyen la línea de crédito que facilita las importaciones.
Los banqueros consideran que el servicio bancario es de interés público pero no de utilidad pública, y afirman que esta figura crea incertidumbre sobre la propiedad.
La Asociación Bancaria y el Consejo Bancario sólo tuvieron dos días para entregar sus observaciones al proyecto de reforma de la Ley.
Aparte de resaltar el tema de las líneas de crédito las observaciones indican que no es necesario reformar la Ley si el Gobierno quiere mejorar sus mecanismos de intervención en momentos de crisis o dirigir créditos hacia sectores que considere estratégicos porque las normas vigentes permiten alcanzar estos objetivos.
Además los banqueros señalan como desmedido el poder que se le otorga al auditor interno e indican que prácticamente pasa a tener más poder que la junta directiva.
Presidentes de entidades financieras consideran positivo que después de entregar las observaciones a la Asamblea, aparentemente, la Ley de Bancos ha salido de la agenda para lo que resta de año.
"Tal vez esto indica que el Gobierno está revisando el proyecto de reforma y es posible que se realicen modificaciones que permitan mejorar el texto", dice un banquero que prefiere reservar su nombre.
La banca venezolana se mueve en un entorno exigente. En un reporte fechado el 3 de noviembre Fitch resalta que si bien el sistema ha demostrado su capacidad de adaptación a un ambiente operativo adverso, signado por 18 meses de contracción económica y creciente regulación por parte del Gobierno, no es inmune a las aguas turbulentas.
La reducción en el diferencial entre la tasa de interés que la banca cobra por prestar y la que paga a los depositantes, elevadas provisiones y significativos gastos de funcionamiento han derivado en que las ganancias operativas se ubiquen en el nivel más bajo desde la crisis financiera vivida entre 1994 y 1995.
En 2009 las ganancias operativas, que principalmente reflejan el beneficio obtenido a través del corazón del negocio bancario como los préstamos y las inversiones en valores, se ubicaron en 1,6% de los activos, cuando el promedio de los diez años anteriores superó 4%, según reportó el diario El Universal.
Gracias a que la banca ha sido capaz de disminuir el costo de las captaciones incrementando el peso de los depósitos que reciben menor remuneración, y beneficios provenientes de la devaluación, las ganancias operativas aumentan hasta 2% de los activos en el primer semestre de este año y Fitch estima que se mantendrán en este nivel durante 2011.
La calificadora añade que las ganancias representarán 20% del patrimonio, una magnitud inadecuada para compensar la elevada inflación que padece Venezuela.
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