VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios (por suscripción) reporta que tal día como hoy hace un año, el mercado alternativo de divisas reaccionó ante la captura de un venezolano en Estados Unidos, al frente de una firma que ofrecía servicio a "los participantes del mercado permuta en Venezuela", como dijo uno de los socios de la empresa, quien declaró en condición de anonimato.
Se trata del famoso caso de la empresa financiera Rosemont y del indo-venezolano, Rama K. Vyasulu, cuyo juicio en libertad, por lavado de dinero, continúa en Estados Unidos.
Las cuentas de Rosemont movían 1.000 millones de dólares al mes, con cientos de miles de transferencias, y resultaron una solución para los operadores "ahogados" por el control de cambio y los vaivenes de la permuta.
Vyasulu era el único de los tres socios de Rosemont con licencia de "money transmitter" (que permite hacer transferencias de terceros), para poder efectuar las operaciones entre sus clientes criollos -casas de bolsa y sociedades de corretaje-, el Bank of America y sus corresponsales.
Y cuando el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) actuó contra Vyasulu, en medio de una operación encubierta, decidió congelar todo lo que estuviera vinculado a él. "Culpables por asociación", califica el socio, a la medida que afectó a más de cincuenta operadores venezolanos.
El proceso
Luego de que la DEA solicitó la congelación de fondos, la Fiscalía de ese país procedió a exigir a cada una de las empresas vinculadas a Rosemont, que descargaran pruebas para demostrar el legítimo origen de sus recursos.
Al menos en una demanda de Estados Unidos, contra más de 20 empresas venezolanas del mercado de valores, se registra un monto congelado de $26.891.914, según documentos de la corte distrital de Puerto Rico. Hasta allá llegó el caso porque muchas de las permutas que se hicieron a través de Rosemont, se transfirieron de cuentas bancarias en el Caracas International Banking Corporation (Cibc) de Puerto Rico.
A un año del caso, las autoridades no han podido demostrar que detrás de las operaciones de permuta se escondía una tramoya de lavado de dinero.
El abogado Michael Díaz Jr., de la firma estadounidense Díaz Reus, declaró a El Mundo Economía y Negocios desde Miami, que la mayoría de las casas de bolsa fueron "víctimas de la ignorancia del Gobierno de Estados Unidos sobre el funcionamiento del sistema de permuta que opera legalmente en Venezuela".
Díaz insistió en que se trata de "empresas legítimas y sanas que operan en un sistema financiero legal, regulado, aceptado y permitido por la República Bolivariana de Venezuela". En sus palabras: "Estados Unidos no tiene derecho en interferir en las leyes financieras de Venezuela".
Sin embargo, las casas de bolsa y sociedades de corretaje afectadas han decidido cooperar con acuerdos de confidencialidad, antes que demandar. Al principio, los operadores querían reaccionar de forma más agresiva, ante los daños patrimoniales que significó la acción de la DEA.
De hecho, Díaz recuerda que algunos de sus clientes iniciaron acciones legales contra el Banco de América, aunque aclara: "En este momento hemos transado en términos muy favorable para nuestros clientes".
Pero, como dijo una oficial de cumplimiento venezolana, a condición de no revelar su identidad, "al demandar se le cierra el mercado a las casas de bolsa y sociedades de corretaje, porque es potestad del regulador internacional".
Así, Estados Unidos podría prohibir la actuación de agentes venezolanos y poner fin a ese mercado. Y hoy la permuta es su principal negocio.
De acuerdo con la oficial de cumplimiento, hay algunas a las que ya se les han devuelto los fondos, gracias a que han accedido a cooperar. Otras esperan ser llamadas para aclarar su situación.
Con licencia o sin licencia
Todos los casos mantienen un estatus civil y hasta ahora, ninguno ha pasado a criminal, según otro abogado que lleva la defensa de tres operadores venezolanos en Miami. Cuenta que uno de los argumentos de la Fiscalía es la ausencia de la licencia de transmisor de dinero que tenía Vyasulu.
"Algunos fiscales aquí consideran que sí debieron registrarse, y otros analistas dicen que no", señala el abogado al referirse al requisito de la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), del departamento del Tesoro.
Para el ex juez penal Alejandro Rebolledo, especialista en lavado de dinero, el problema también estuvo en que las casas de bolsa venezolanas "dejaron que una tercera persona abriera cuentas en Estados Unidos sin tener una idea de qué participó esa persona al banco, al momento de registrar la cuenta".
Para él, la particularidad de este caso es que al inicio de las investigaciones, las autoridades pensaron que las empresas venezolanas eran de Vyasulu: "Y como este era acusado de lavado de dinero, el Gobierno y la justicia de ese país procedió a congelar las cuentas".
Antes de que finalice este año, se espera una regulación que aclare si efectivamente las entidades financieras extranjeras están obligadas a solicitar la licencia de transmisor de dinero para las operaciones de permuta.
De cualquier manera, el camino es espinoso. Sólo conseguir una cuenta en dólares para operar legalmente en Estados Unidos es una "tarea titánica", como dijo la oficial de cumplimiento. "Y ahora, después del caso Rosemont, mucho más".
El diario El Mundo Economía y Negocios (por suscripción) reporta que tal día como hoy hace un año, el mercado alternativo de divisas reaccionó ante la captura de un venezolano en Estados Unidos, al frente de una firma que ofrecía servicio a "los participantes del mercado permuta en Venezuela", como dijo uno de los socios de la empresa, quien declaró en condición de anonimato.
Se trata del famoso caso de la empresa financiera Rosemont y del indo-venezolano, Rama K. Vyasulu, cuyo juicio en libertad, por lavado de dinero, continúa en Estados Unidos.
Las cuentas de Rosemont movían 1.000 millones de dólares al mes, con cientos de miles de transferencias, y resultaron una solución para los operadores "ahogados" por el control de cambio y los vaivenes de la permuta.
Vyasulu era el único de los tres socios de Rosemont con licencia de "money transmitter" (que permite hacer transferencias de terceros), para poder efectuar las operaciones entre sus clientes criollos -casas de bolsa y sociedades de corretaje-, el Bank of America y sus corresponsales.
Y cuando el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) actuó contra Vyasulu, en medio de una operación encubierta, decidió congelar todo lo que estuviera vinculado a él. "Culpables por asociación", califica el socio, a la medida que afectó a más de cincuenta operadores venezolanos.
El proceso
Luego de que la DEA solicitó la congelación de fondos, la Fiscalía de ese país procedió a exigir a cada una de las empresas vinculadas a Rosemont, que descargaran pruebas para demostrar el legítimo origen de sus recursos.
Al menos en una demanda de Estados Unidos, contra más de 20 empresas venezolanas del mercado de valores, se registra un monto congelado de $26.891.914, según documentos de la corte distrital de Puerto Rico. Hasta allá llegó el caso porque muchas de las permutas que se hicieron a través de Rosemont, se transfirieron de cuentas bancarias en el Caracas International Banking Corporation (Cibc) de Puerto Rico.
A un año del caso, las autoridades no han podido demostrar que detrás de las operaciones de permuta se escondía una tramoya de lavado de dinero.
El abogado Michael Díaz Jr., de la firma estadounidense Díaz Reus, declaró a El Mundo Economía y Negocios desde Miami, que la mayoría de las casas de bolsa fueron "víctimas de la ignorancia del Gobierno de Estados Unidos sobre el funcionamiento del sistema de permuta que opera legalmente en Venezuela".
Díaz insistió en que se trata de "empresas legítimas y sanas que operan en un sistema financiero legal, regulado, aceptado y permitido por la República Bolivariana de Venezuela". En sus palabras: "Estados Unidos no tiene derecho en interferir en las leyes financieras de Venezuela".
Sin embargo, las casas de bolsa y sociedades de corretaje afectadas han decidido cooperar con acuerdos de confidencialidad, antes que demandar. Al principio, los operadores querían reaccionar de forma más agresiva, ante los daños patrimoniales que significó la acción de la DEA.
De hecho, Díaz recuerda que algunos de sus clientes iniciaron acciones legales contra el Banco de América, aunque aclara: "En este momento hemos transado en términos muy favorable para nuestros clientes".
Pero, como dijo una oficial de cumplimiento venezolana, a condición de no revelar su identidad, "al demandar se le cierra el mercado a las casas de bolsa y sociedades de corretaje, porque es potestad del regulador internacional".
Así, Estados Unidos podría prohibir la actuación de agentes venezolanos y poner fin a ese mercado. Y hoy la permuta es su principal negocio.
De acuerdo con la oficial de cumplimiento, hay algunas a las que ya se les han devuelto los fondos, gracias a que han accedido a cooperar. Otras esperan ser llamadas para aclarar su situación.
Con licencia o sin licencia
Todos los casos mantienen un estatus civil y hasta ahora, ninguno ha pasado a criminal, según otro abogado que lleva la defensa de tres operadores venezolanos en Miami. Cuenta que uno de los argumentos de la Fiscalía es la ausencia de la licencia de transmisor de dinero que tenía Vyasulu.
"Algunos fiscales aquí consideran que sí debieron registrarse, y otros analistas dicen que no", señala el abogado al referirse al requisito de la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), del departamento del Tesoro.
Para el ex juez penal Alejandro Rebolledo, especialista en lavado de dinero, el problema también estuvo en que las casas de bolsa venezolanas "dejaron que una tercera persona abriera cuentas en Estados Unidos sin tener una idea de qué participó esa persona al banco, al momento de registrar la cuenta".
Para él, la particularidad de este caso es que al inicio de las investigaciones, las autoridades pensaron que las empresas venezolanas eran de Vyasulu: "Y como este era acusado de lavado de dinero, el Gobierno y la justicia de ese país procedió a congelar las cuentas".
Antes de que finalice este año, se espera una regulación que aclare si efectivamente las entidades financieras extranjeras están obligadas a solicitar la licencia de transmisor de dinero para las operaciones de permuta.
De cualquier manera, el camino es espinoso. Sólo conseguir una cuenta en dólares para operar legalmente en Estados Unidos es una "tarea titánica", como dijo la oficial de cumplimiento. "Y ahora, después del caso Rosemont, mucho más".
Se tiene que esclarecer de la mejor manera cualquier situación de lavado de dinero
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