miércoles, 26 de febrero de 2014

Deuda con proveedores y control de precios llevarán la escasez a niveles desconocidos (y el dolar @88)

VenePirámides 
La crisis económica se acerca al punto de quiebre. Los intentos de corregir las distorsiones del modelo económico que anunció el Ejecutivo nacional en 2013 se diluyeron y hoy los males de la economía son mayores. Tras ganar la elección presidencial en abril del año pasado Nicolás Maduro encomendó a su tren Ejecutivo reunirse con empresarios de todos los sectores para corregir los problemas que golpeaban con fuerza la realidad económica. Las reuniones se celebraron entre el 20 y el 24 de mayo y los ministros realizaron promesas en tres áreas fundamentales: entrega de divisas, flexibilización del control de precios y disminución de las trabas burocráticas. Casi un año después las promesas no se han cumplido y el Gobierno nacional decidió profundizar el modelo al tiempo que responsabiliza a los empresarios de mantener una "guerra económica". "El Gobierno no termina de convencerse que las causas del desastre económico que tenemos es, precisamente, el modelo, e insiste en profundizarlo. Es evidente que hay unas contradicciones internas que no permiten la toma de decisiones", dijo recientemente en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de Fedecámaras. La sequía de divisas es quizás el problema más evidente. Tras una parálisis en la liquidación hoy la industria nacional está en aprietos. La deuda con los proveedores ronda los 13 millardos de dólares y las casas matrices se niegan a despachar mercancía hasta que no disminuya ese monto. El mensaje de Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica, es ambiguo con la posibilidad de pagar la deuda por concepto de importaciones no liquidadas, y las empresas agotan sus inventarios sin saber si podrán reponerlos. En mayo del año pasado el compromiso del Gobierno fue distinto. "Lo que nosotros no podemos permitir son los que parasitan de la actividad económica (... ) Se ponen sobre el sistema productivo y empiezan a chupar dólares y los quitan a ustedes que son los que deberían estar produciendo", dijo Ricardo Menéndez, el ministro de Industrias de entonces, ante representantes del sector automotor. Además, en 2013 el ex ministro de Economía y Finanzas, Nelson Merentes, prometió flexibilizar el sistema cambiario con la creación de una ventana donde el tipo de cambio "fluctuaría". Merentes aseveró que ese mecanismo funcionaría a finales de 2013, pero los empresarios aún esperan la promulgación de la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios a través de la cual entrará en vigencia esa alternativa. Con la regulación de precios ocurrió algo similar. En las reuniones de mayo fue uno de los reclamos que más repitieron los empresarios de diversos sectores y desde el Ejecutivo nacional se reconocieron los errores. "Si hay que hacer (la revisión) de manera trimestral se hará; en algunos (casos) es semestral y en otros anual", prometió Yván Gil, ministro de Agricultura y Tierras. Armando León, director del Banco Central de Venezuela (BCV), también admitió las distorsiones del control de precios y anunció que habría revisiones periódicas. "El período que se está estimando es entre 5 y 3 meses cuando ya se requiera una revisión de precios". Sin embargo, el Ejecutivo nacional se ha negado a ajustar los precios en alimentos, productos de cuidado personal y medicamentos. Por el contrario, el pasado 23 de enero promulgó la Ley Orgánica de Precios, la cual extiende la regulación a toda la economía y extrema las sanciones contra los empresarios que incurran en incumplimientos. La idea de eliminar las trabas burocráticas y simplificar los trámites también se redujo a una promesa. Por el contrario, el nuevo esquema cambiario y de control de precios obligan a los empresarios a cumplir con más trámites a los establecidos. Sólo para la solicitud de dólares las compañías deben firmar un contrato de "fiel cumplimiento", que los obliga a colocar una fianza por el equivalente en dólares de la importación. Las empresas ahora también deben contar con un "certificado de precios justos" que concederá la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, según reportó el diario El Universal.

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