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Este lunes 29 de octubre el Ministerio de Industrias ocupó las instalaciones de la Siderúrgica del Turbio (Sidetur) y transfirió a una cuenta del Complejo Siderúrgico Nacional S.A. la totalidad de los fondos depositados en las cuentas bancarias de Sidetur.
A través de un comunicado publicado ayer en la prensa nacional, Sidetur denunció que el Gobierno no ha cumplido con los pasos previstos en el proceso de expropiación, decretada esta el 2 de noviembre del 2010. Por lo tanto, cataloga la medida como inconstitucional y "violatoria del derecho de propiedad, la libertad económica, a la libertad de industria y comercio, al debido proceso", entre otros aspectos tocados en el texto.
Hasta el momento el Estado no ha pagado una justa indemnización por los activos, tal y como lo manda la Ley.
Sidetur especificó que el despacho de Industria ocupó las seis plantas industriales y los quince centros de recolección de chatarra propiedad de la empresa, "asumiendo de forma unilateral y exclusiva, el control administrativo y operacional de Sidetur e incluso despidiendo a varios trabajadores", indica el comunicado.
No obstante, la empresa recordó que el decreto de expropiación sólo afecta las instalaciones industriales "y no a Sidetur como tal, y menos aún a las cantidades de dinero depositado en las cuentas de la compañía". Estos recursos formaban parte de los fondos para cancelar compromisos con proveedores y con los más de 1.800 empleados de la siderúrgica.
Ante las acciones oficiales, la Siderúrgica Venezolana (Sivensa), grupo que agrupa a Sidetur, solicitó la suspensión temporal de sus acciones ante la Bolsa de Valores de Caracas.
En un comunicado enviado a la Bolsa, la compañía decidió suspender la cotización de las acciones de Sivensa, en tanto no se "conozcan los alcances de la decisión tomada por la Junta Administradora Temporal designada por el Ministerio de Industria" sobre las operaciones en la filial del grupo Sidetur, según reportó el diario El Universal.
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