VenePirámides
Hay coincidencias en las 21 demandas que empresas extranjeras introdujeron para un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Todos los reclamos tienen en común que se acusa a la República de toma forzada de activos sin indemnización, sin que el Gobierno venezolano haya cumplido con las normas legales de una expropiación, que implica una decisión del Poder Judicial, la fijación de un precio justo y el pago oportuno al inversionista.
El monto de indemnización al menos en los casos de Exxon Mobil y Conoco Phillips fue el principal obstáculo que tuvieron estas empresas en sus conversaciones con Petróleos de Venezuela, puesto que la posición de la estatal es reconocer sólo el costo histórico de la inversión y las transnacionales piden una valoración de mercado y lo que dejaron de ganar por la estatización.
En el caso de las compañías estatizadas que prestaban servicios a Pdvsa se dio la opción del arbitraje porque nunca hubo reuniones formales con el equipo legal de la petrolera.
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ha reiterado que los convenios de empresas mixtas impiden que un inversionista pueda recurrir a un arbitraje internacional, y asegura que sólo tiene la opción de los tribunales nacionales, en los cuales es imposible ganarle a la República, para la resolución de controversias.
Bernard Mommer, ex viceministro de Energía y gobernador de Venezuela ante la OPEP, admitió que aún persiste el riesgo de que los inversionistas acudan al organismo del Banco Mundial. "Los casos de arbitraje internacional contra la República ante el Ciadi sí podrán repetirse, pues se apoyan en una compleja red de tratados internacionales y de leyes, pero las empresas mixtas fueron concebidas de forma que se minimiza este riesgo", señaló Mommer en unas jornadas sobre la materia que Pdvsa publicó en un libro, según reportó el diario El Nacional.
Hay coincidencias en las 21 demandas que empresas extranjeras introdujeron para un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Todos los reclamos tienen en común que se acusa a la República de toma forzada de activos sin indemnización, sin que el Gobierno venezolano haya cumplido con las normas legales de una expropiación, que implica una decisión del Poder Judicial, la fijación de un precio justo y el pago oportuno al inversionista.
El monto de indemnización al menos en los casos de Exxon Mobil y Conoco Phillips fue el principal obstáculo que tuvieron estas empresas en sus conversaciones con Petróleos de Venezuela, puesto que la posición de la estatal es reconocer sólo el costo histórico de la inversión y las transnacionales piden una valoración de mercado y lo que dejaron de ganar por la estatización.
En el caso de las compañías estatizadas que prestaban servicios a Pdvsa se dio la opción del arbitraje porque nunca hubo reuniones formales con el equipo legal de la petrolera.
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ha reiterado que los convenios de empresas mixtas impiden que un inversionista pueda recurrir a un arbitraje internacional, y asegura que sólo tiene la opción de los tribunales nacionales, en los cuales es imposible ganarle a la República, para la resolución de controversias.
Bernard Mommer, ex viceministro de Energía y gobernador de Venezuela ante la OPEP, admitió que aún persiste el riesgo de que los inversionistas acudan al organismo del Banco Mundial. "Los casos de arbitraje internacional contra la República ante el Ciadi sí podrán repetirse, pues se apoyan en una compleja red de tratados internacionales y de leyes, pero las empresas mixtas fueron concebidas de forma que se minimiza este riesgo", señaló Mommer en unas jornadas sobre la materia que Pdvsa publicó en un libro, según reportó el diario El Nacional.
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