En un entorno donde el gasto supera el ingreso, la administración de Hugo Chávez recurre al endeudamiento indirecto para cubrir el desequilibrio.
Por deuda indirecta se entiende los compromisos que adquiere el Estado a través de diferentes organismos públicos que emiten bonos y certificados, distintos a los que coloca el Ministerio de Finanzas.
Entre noviembre y junio de este año el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, Fonden, Banco Nacional de la Vivienda y Pdvsa han emitido certificados, participaciones y bonos por 36 mil 249 millones de bolívares, que se añaden a la deuda de la República.
Con el dinero que obtiene al venderle a la banca este abanico de títulos, el Gobierno, según ha explicado, se dispone a otorgar créditos a los agricultores y financiar la construcción de viviendas.
Al comprar los bonos, los bancos cuentan el dinero desembolsado como parte de los créditos que obligatoriamente deben destinar al sector hipotecario y los agricultores.
La consecuencia es que el Gobierno incrementa su dominio sobre el crédito porque adquiere la potestad de decidir cuál agricultor o proyecto inmobiliario recibe el financiamiento, poder que no tendría si los bancos se encargan de analizar el riesgo y administrar el dinero de los depositantes.
La compra de los bonos ha sido obligatoria para los bancos, ya que el Gobierno les ha hecho saber que es la única manera de cumplir con los montos que cada año deben dirigir al agro y el sector hipotecario.
El Banco Venezolano de Crédito ha sido la única entidad financiera que se ha negado a comprar los bonos y ha optado por introducir un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la nulidad de la resolución que hace obligatoria la compra de títulos emitidos por el Fondo Simón Bolívar que recibe recursos para el sector hipotecario.
El escrito, admitido por el TSJ, argumenta que existe "violación del derecho a la libertad económica, desde que sin fundamento legal alguno se obligó a las instituciones financieras a transferir una porción de los recursos que deben destinarse a la construcción de viviendas, anulando así la posibilidad de que dichas instituciones coloquen los recursos en las inversiones que estimen más seguras y convenientes, previo análisis de los riesgos".
Al analizar la tendencia de la deuda venezolana es evidente que la administración de Hugo Chávez aumenta la carga en medio de un ciclo de elevados precios petroleros y, de acuerdo con estimaciones de Barclays Capital, al incluir las facturas en dólares y en bolívares el monto total representará al cierre de este año 51% del PIB, un nivel que ha dejado de ser confortable y duplica al de 2008.
Un factor importante es que este año el Gobierno cambió la estrategia y frenó el endeudamiento en dólares, recurriendo principalmente a la emisión de bonos que compran los bancos locales.
Para el Gobierno es atractivo endeudarse con la banca nacional porque aparte de que una porción de los bonos los coloca a muy baja tasa de interés (el Fondo Simón Bolívar lo hizo a 4,6%) puede licuar la deuda devaluando la moneda.
Al devaluar se obtienen más bolívares por los petrodólares y disminuye el peso de la deuda. Por ejemplo, si el tipo de cambio se desliza desde 4,30 hasta 6 bolívares por dólar, la deuda en bolívares, que de acuerdo con cálculos de Síntesis Financiera suma 225 mil 976 millones (34% más que en 2011), se encoge 27% en términos de dólares.
El constante incremento de la deuda para cubrir la brecha entre el ingreso y el gasto no es sostenible salvo que el precio del petróleo aumente de manera considerable durante los próximos meses, lo que ha llevado a bancos extranjeros a pronosticar que en 2013 será necesaria una devaluación, según reportó el diario El Universal.
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