VenePirámides
El proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios contempla la venta de las viviendas que están en los edificios alquilados de vieja data y señala que esa oferta abarcará a los inmuebles que estén o no bajo el régimen de propiedad horizontal y no importará el tiempo que el inquilino esté ocupando la solución.
La propuesta, que será revisada por la plenaria de la Asamblea Nacional, detalla que "los propietarios de inmuebles de vieja data destinados al arrendamiento, deberán ofertar las viviendas a los inquilinos en un lapso máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la Ley", y deja en manos de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos la fijación de los precios de venta.
Ese informe final, además, tiene un articulado sobre las definiciones y allí se indica que inmuebles de vieja data "son aquellos que posean propiedad horizontal o no, en los cuales se destinen más de dos unidades de vivienda al arrendamiento y cuya cédula de habitabilidad o instrumento equivalente tenga más 10 años de otorgada por la autoridad".
Representantes del sector inmobiliario indican que ante lo previsto en el proyecto todo aquel inmueble que tenga más de 10 años tendrá que ser vendido al inquilino y no importará el tiempo que se tenga habitando la vivienda.
A la oferta de las viviendas ubicadas en edificios viejos también se le imponen otras condiciones. La propuesta indica que si los propietarios no realizan la oferta en el lapso previsto en la ley, la Superintendencia publicará carteles dos veces a la semana por 30 días solicitando la presencia de los dueños de los edificios. Si pasado 15 días después de la última publicación el propietario no comparece, el organismo expropiará los inmuebles, y 30 días después serán adjudicados a los inquilinos que los habitan.
En otra medida que suprime la libertad y la competencia, El Ejecutivo nacional establecerá el margen de ganancia de los concesionarios que venden automóviles, según informó Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mctii). "Vamos a generar de una vez por todas un precio sugerido en términos de los vehículos de parte de lo que son las ensambladoras automotrices", manifestó Menéndez.
El también vicepresidente del área Económica Productiva explicó que las ensambladoras definirán el precio del carro, acorde a sus estructuras de costos, pero que "posteriormente se va a establecer un margen de comercialización para las concesionarias".
El funcionario indicó que se trata de una decisión conjunta entre el despacho que dirige y el ministerio de Comercio. "Cualquiera que violente estos mecanismos que se están planteando va a tener el rigor de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos", advirtió.
Cuando se promulgó la Ley de Costos y Precios Justos, en julio pasado, las autoridades señalaron que la misma sólo se aplicaría a sectores "prioritarios" como el de los alimentos, salud, productos de cuidado personal, útiles escolares o materiales de construcción, según reportó el diario El Universal. Resulta obvio que pretenden ampliar su aplicación comunista a todos los sectores de la economía.
El proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios contempla la venta de las viviendas que están en los edificios alquilados de vieja data y señala que esa oferta abarcará a los inmuebles que estén o no bajo el régimen de propiedad horizontal y no importará el tiempo que el inquilino esté ocupando la solución.
La propuesta, que será revisada por la plenaria de la Asamblea Nacional, detalla que "los propietarios de inmuebles de vieja data destinados al arrendamiento, deberán ofertar las viviendas a los inquilinos en un lapso máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la Ley", y deja en manos de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos la fijación de los precios de venta.
Ese informe final, además, tiene un articulado sobre las definiciones y allí se indica que inmuebles de vieja data "son aquellos que posean propiedad horizontal o no, en los cuales se destinen más de dos unidades de vivienda al arrendamiento y cuya cédula de habitabilidad o instrumento equivalente tenga más 10 años de otorgada por la autoridad".
Representantes del sector inmobiliario indican que ante lo previsto en el proyecto todo aquel inmueble que tenga más de 10 años tendrá que ser vendido al inquilino y no importará el tiempo que se tenga habitando la vivienda.
A la oferta de las viviendas ubicadas en edificios viejos también se le imponen otras condiciones. La propuesta indica que si los propietarios no realizan la oferta en el lapso previsto en la ley, la Superintendencia publicará carteles dos veces a la semana por 30 días solicitando la presencia de los dueños de los edificios. Si pasado 15 días después de la última publicación el propietario no comparece, el organismo expropiará los inmuebles, y 30 días después serán adjudicados a los inquilinos que los habitan.
En otra medida que suprime la libertad y la competencia, El Ejecutivo nacional establecerá el margen de ganancia de los concesionarios que venden automóviles, según informó Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mctii). "Vamos a generar de una vez por todas un precio sugerido en términos de los vehículos de parte de lo que son las ensambladoras automotrices", manifestó Menéndez.
El también vicepresidente del área Económica Productiva explicó que las ensambladoras definirán el precio del carro, acorde a sus estructuras de costos, pero que "posteriormente se va a establecer un margen de comercialización para las concesionarias".
El funcionario indicó que se trata de una decisión conjunta entre el despacho que dirige y el ministerio de Comercio. "Cualquiera que violente estos mecanismos que se están planteando va a tener el rigor de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos", advirtió.
Cuando se promulgó la Ley de Costos y Precios Justos, en julio pasado, las autoridades señalaron que la misma sólo se aplicaría a sectores "prioritarios" como el de los alimentos, salud, productos de cuidado personal, útiles escolares o materiales de construcción, según reportó el diario El Universal. Resulta obvio que pretenden ampliar su aplicación comunista a todos los sectores de la economía.
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