VenePirámides
La Cleptocracia encuentra en Nicolás Maduro a uno de sus más devotos patronos. El latrocinio de los dineros públicos floreció con Hugo Chávez, y adquiere proporciones draconianas con Nico. Acá, a título de muestra, reseñamos sólo algunos de sus más resonados golpes:
1) EMPRESAS DE MALETÍN. Al menos una docena de contratistas de la Corporación Venezolana de Guayana recibió 12 millones de dólares para procesar materias primas, pero sin presentar requisitos obligatorios como el Registro de pequeña y mediana industria. La Contraloría General de la República destaca que uno de esos millones fue a parar a una importadora. "Queda en evidencia que la misma no es una empresa de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni partes y piezas necesarios para la transformación", concluye la auditoría.
Primero el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y luego la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, advirtieron sobre empresas de maletín que consiguieron dólares del Estado. Aunque la Contraloría no hace referencia a esas declaraciones y suprime los nombres de las firmas auditadas, acaba de dejar constancia de que sabe de al menos una docena que se llevaron 45 contratos en dólares para revender repuestos.
2) MEDICINAS VENCIDAS. Si bien la Contraloría General de la República viene advirtiendo desde 2010 sobre lotes de medicamentos que se vencen en las aduanas, esta vez encontró casos en los que el Gobierno pagó a Cuba por adelantado, por fármacos que sobraban en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, Sefar.
En su último informe señala el caso de 17 tipos de medicamentos que el Ministerio de Salud volvió a importar, a pesar de contar con más de 2,6 millones de dosis en inventario: "Adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación".
El año pasado también encontró lotes de fármacos por los que hubo que pagar casi 625.000 bolívares de más, a causa de los 4 y 5 meses que permanecieron en el Puerto de La Guaira. Entre otras irregularidades, añade el caso de 212.454 estuches de diagnóstico de glucosa, que pasaron más tiempo en aduana que en las farmacias.
3) EXPROPIACIONES EN EL SUELO. El Gobierno desembolsó más 60 millones de dólares para adquirir la distribuidora de alimentos más grande del estado Bolívar, Frigoríficos Ordaz (Friosa), pero entretanto la Contraloría advierte que desapareció una parte de la flota de vehículos que venía con la empresa. Llama la atención, además, sobre una lista de 65 bienes, valorados en más de 705 mil bolívares, que ni siquiera encontraron registrados en los inventarios.
Antes de ser nombrada en la cartera de Defensa, la entonces ministra para el Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, solicitó una auditoría en Friosa y de ese proceso, la Contraloría encontró desde filtraciones en el techo de sus instalaciones hasta 6 de las 14 cavas de refrigeración dañadas: "Esta situación vulnera las normas que regulan las buenas prácticas de almacenamiento de alimentos para el consumo humano, y coloca en condiciones de riesgo la adecuada conservación y salvaguarda de los activos".
4) $7.000 MILLONES PERDIDOS. La Contraloría General de la República suma 4.381 obras de construcción que están paralizadas, algunas incluso desde antes del año 2006. Advierte sobre una cola de edificios y servicios públicos a medio hacer para los que, en total, se han erogado 30,8 millardos de bolívares fuertes.
Cada una de esas partidas –procesadas entre 2006 y 2011 y divididas por separado al tipo de cambio vigente para el momento de procesar la denuncia– advierten sobre más de 7.000 millones de dólares que se evaporaron.
"Las obras pendientes por concluir pudieran derivar en montos onerosos para la Nación, así como también en la prestación irregular y discontinua de los servicios", concluye el despacho de Adelina González en su último balance. "Estas situaciones conllevan al incumplimiento de las metas físicas, al encarecimiento de las obras, a la obsolescencia de la tecnología y las variables demográficas consideradas en la elaboración de los proyectos".
5) JUBILADOS EN VILO. En lugar de dar ganancias, los fondos de jubilaciones y pensiones de la Universidad Central de Venezuela y otras 10 casas de estudios están en riesgo, lo que pone en juego la seguridad social de miles de profesores universitarios que han ido abonando un porcentaje de su salario desde hace más de tres décadas.
"Las fundaciones, asociaciones y sociedades creadas y dirigidas por universidades públicas, no han cumplido ni podrán cumplir en el futuro con la misión para la cual fueron constituidas, de atender directamente el pago de las jubilaciones", anuncia desde ya la Contraloría.
Los fondos de pensiones están facultados para invertir los ahorros de sus socios en mercados financieros e inmobiliarios, pero en este caso se han encontrado pérdidas de más de 11 millones de bolívares, principalmente "por la incursión de los fondos en el mercado asegurador, en particular con una empresa de seguros, por Bs. 7.204.000".
6) DESFALCO EN HOSPITALES. Si ya en 2010 la Contraloría había denunciado retrasos en más de 100 trabajos de reparación, modernización y ampliación de 8 hospitales de referencia nacional, esta vez añade que muchas de las empresas responsables aun no han terminado las obras a pesar de haber recibido anticipos por adelantado.
"La Fundeeh (Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario) celebró contratos con desviaciones en el plazo de ejecución que superaron hasta los 5 años", denuncia la Contraloría, pero sin precisar los nombres de las 10 empresas responsables. En su lugar, las clasifica por una serie de letras de la A a la J, que consiguieron contratos que suman casi 170 millones de bolívares fuertes, lo que –al cambio de 4,30 que regía en 2010– equivale a 40 millones de dólares.
"Al mes de junio del año 2012, los retrasos en la ejecución de las obras eran significativos, con su secuela en la privación de servicios asistenciales a la ciudadanía", lamenta el informe.
7) FALLAS EN LAS ADUANAS. La Contraloría logró documentar la pérdida de al menos 78 millones de dólares, que varios organismos del Gobierno tuvieron que gastar a partir de 2007, a causa de los alimentos que aparecieron descompuestos en los puertos y las respectivas multas que generaron por permanecer varados dentro de sus aduanas.
El organismo concluye que hubo fallas en una cadena que va desde Pdvsa, Pdval y Bariven hasta la aduana principal de Puerto Cabello. Cuatro años después del escándalo, sin embargo, no hay nombres de funcionarios y empresas involucradas;_la Contraloría no señala a los responsables, pero sí reitera que continúan las fallas en las aduanas de los puertos y aeropuertos: "Se concluye que existen debilidades en el cobro de intereses moratorios e imposiciones de multa por declaración extemporánea, incumplimiento de los plazos otorgados para el ingreso de mercancías bajo régimen de admisión temporal y los canales de comunicación entre las divisiones no son efectivos".
8) ADJUDICACIONES DIRECTAS. En las auditorías que revisaron las cuentas del Ministerio para la Energía Eléctrica se encontraron transacciones repartidas en diferentes facturas, para poder adjudicar compras y servicios directamente a determinadas empresas, sin necesidad de llamarlas a participar en concursos públicos.
"Se identificaron debilidades en cuanto a la programación de compras, lo que propició que no se efectuaran los concursos cerrados como está previsto en la Ley de Contrataciones Públicas", indica el último informe de actuaciones que la Contraloría General de la República acaba de publicar.
"De la evaluación efectuada (...) se concluye que la misma presenta fallas de control interno administrativo vinculadas con el proceso de selección y contratación en cuanto a la adquisición de bienes y la contratación de servicios en los proyectos (...) así como en el registro y control de materiales y suministros", añade el balance sobre las cuentas del Ministerio para la Energía Eléctrica.
9) ESTAFA IMPORTADA. Tras ocho años en mora, en Venezuela siguen reclamando las más de 8.000 viviendas prefabricadas que el Gobierno prometió construir con kits importados desde Uruguay.
Ya en el año 2009 la Contraloría había señalado irregularidades con las célebres "casas uruguayas". Entonces afirmó que solo habían dado con 11 de las unidades habitacionales que el Gobierno había encargado a la empresa extranjera Unión Metalúrgica Industria del Sur. En un nuevo informe, ahora agrega que el Ministerio para la Vivienda y Hábitat "debe exigirle a la referida empresa la entrega inmediata de los kits de vivienda restantes y en caso de no hacerlo, proceder a la aplicación de las sanciones estipuladas en el mismo".
El caso, entretanto, se está manejando entre los gobiernos de ambos países. Aunque el acuerdo original era por 155 millones de dólares, el diario El Observador de Montevideo informó esta semana que la cancillería uruguaya acaba de recibir una carta de protesta por 8 millones de dólares.
10) IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. Las auditorías internas de la Fuerza Armada Nacional presentan debilidades y fallas vinculadas con el sistema de control interno de las dependencias del Ministerio para la Defensa. En su más reciente informe de contraloría, el despacho de Adelina González llama a perfeccionar las auditorías y controles dentro de las instituciones militares, con el objetivo de evitar bienes públicos sin la identificación reglamentaria o cheques para viáticos a nombre de particulares.
Siete organismos adscritos al Ministerio para la Cultura también presentan fallas en una serie de controles internos, que van desde la ausencia de un inventario de bienes hasta errores en la aplicación de los presupuestos. En el caso de la Compañía Nacional de Teatro ni siquiera hay un auditor interno, por lo que la Contraloría General de la República recomienda, en su balance, convocar a un concurso público para seleccionar y designar a un profesional en el cargo, según reseñó el diario
El Universal.
