Andrés Izarra: un ministro que se ríe y lucra traficando influencias (y el dolar @75)

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El Diario de las Américas reportó que en mayo de 2013, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA, S.A.), empresa estatal venezolana encargada de la distribución de alimentos creada bajo el Gobierno de Hugo Chávez, recibió una carta de parte de la directora de despacho del Ministerio de Turismo, Hazel Chaudary, solicitando la contratación de la empresa Centauro Internacional 99. La misiva dirigida al director general de Comercialización y Logística de CASA, Alí Hernández, recordaba que “en el marco de la reciente visita realizada por el ministro de Turismo Andrés Izarra al estado Bolívar”, era pertinente la adquisición de alimentos a través de la empresa Centauro, propiedad de Raúl Francois Russian Morrison. DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso en exclusiva a documentos que demuestran que Russian Morrison, en fechas posteriores a la recomendación del ministro, giró a través de terceros varios depósitos de dinero dirigidos a la cuenta de Isabel González, esposa de Izarra. Las constancias de estas transferencias bancarias tienen fecha de 2013 y 2014 y fueron enviadas a una cuenta con número 01280086098600041100 del Banco Caroní. Sin embargo, otros documentos muestran transacciones por un valor de 7.222.000 bolívares fuertes (Bsf) en tres bancos venezolanos entre Russian, Andrés Izarra y su esposa. El Gobierno de Venezuela ha utilizado en reiteradas oportunidades la supuesta lucha contra la corrupción, sobre todo en temporadas cercanas a alguna elección popular. Sin embargo, la evidencia resalta el común trasiego de influencias por parte del ministro actual de Turismo en la contratación de una persona cuestionada por presuntos hechos delictivos. De acuerdo con un expediente de la Corte de Apelaciones fechado el 29 de octubre de 2013, Russian Morrison fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela por el delito de apropiación indebida, vinculada a la supuesta falsificación de documentos legales de una empresa llamada SERVIADMICON JJ 2005, C. A. El denunciante ante la justicia venezolana, José Antonio Saada Karam, conversó en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS y acusó de estafador al empresario venezolano, quien por cierto cuenta con al menos cinco empresas registradas a su nombre, una de ellas con sede en Estados Unidos. “Este es un personaje [Raúl Francois Russian Morrison] que me estafó. Él junto a Guillermo Aurelio Halmoguera García [otro empresario venezolano] falsificaron un documento con el que me quitaron facultades en la asamblea de accionistas [de la empresa SERVIADMICON], a la que por cierto nunca asistí”, advirtió. Saada Karam estima que entre diversas solicitudes de dinero de parte de Russian Morrisson y retiros de la cuenta bancaria de la compañía, el imputado se apropió de aproximadamente 700.000 dólares con la complicidad de Halmoguera. Manifestó que tuvo conocimiento sobre la modificación del documento al acudir al banco y ser notificado sobre la sustracción del dinero por parte de sus antiguos socios. Explicó que Russian continuamente aseguraba que era sobrino del antiguo Contralor de la República de Venezuela, Clodosvaldo Russian, para lograr la aprobación de negocios con el Gobierno chavista. “Con el vínculo que él tenía con el tío solía decir a otras personas que podía conseguir algunos contratos, pero antes debía recibir un adelanto de dinero que después pagaría”, afirmó. Por otra parte, esta investigación ha develado que el empresario recomendado por el ministro Andrés Izarra cuenta con al menos cinco empresas, la mayoría de ellas relacionadas con la distribución de alimentos. La empresa propiedad de Russian Morrison con sede en Fort Lauderdale se llama BRANCOM, LLC. Entre los documentos suministrados por la fuente, existen pruebas de transferencias de altas sumas de dólares entre esa firma y Centauro Internacional 99. Una factura con fecha del 27 de febrero de este año muestra una transacción superior a los 87.000 dólares. Además de ser una empresa propiedad de la misma persona, destaca la suspensión como contratista de Centauro Internacional 99 del Registro Nacional de Contratistas por incumplimiento de deberes contemplados en las leyes venezolanas. Una de las interrogantes que surgen es cómo es posible mover tales sumas de dinero, si el sistema de control de cambio del régimen venezolano no permite el otorgamiento de dólares a precios preferenciales a empresas suspendidas.